República, federación y autonomía en Castilla (VII): En los años finales de la II República (sept. 1933 – feb. 1936)

Durante la Segunda República algunos castellanistas que apoyaron la llegada de la república, como Gregorio Fernández Díez y Carlos Alonso Sánchez, se sintieron decepcionados por la política autonómica de Manuel Azaña, especialmente por las concesiones a vascos y catalanes, que consideraban perjudiciales para una Castilla sin autonomía.

 

En el caso de Carlos Alonso Sánchez, esta desilusión se reflejó en la prensa, particularmente en El Norte de Castilla, donde expresó un giro ideológico significativo. El 26 de agosto de 1933, en el artículo “La visión política de los Comuneros”, Alonso Sánchez abandonó su anterior postura federalista de izquierdas y se alineó con el pensamiento del Idearium español de Ángel Ganivet. El texto concluía con una llamada a resucitar el espíritu comunero del siglo XVI, afirmando que “hay que resucitar el programa y el patriotismo comunero” (El Norte de Castilla, 26 de agosto de 1933). Pocas semanas después, el 20 de septiembre de 1933, el mismo periódico publicó su artículo “Hacia la organización comunera. Un proyecto de manifiesto”, donde profundizaba en su crítica a la República, acusándola de haber sido secuestrada por el socialismo obrero y el nacionalismo periférico. Denunciaba que los partidos políticos no representaban el sentir de Castilla, y destacaba el triunfo de los agrarios en las elecciones al Tribunal de Garantías como expresión de un regionalismo castellano que se oponía al privilegio de otras regiones (El Norte de Castilla, 20 de septiembre de 1933).

 

 

No todos los castellanistas fueron críticos con el gobierno republicano de Manuel Azaña. Un ejemplo significativo es el del periodista Manuel de la Parra, quien expresó una visión constructiva y esperanzada sobre el papel de Castilla en el marco republicano. En su artículo “La conferencia económica castellana” De la Parra celebraba la iniciativa de organizar una conferencia en Valladolid para analizar el potencial económico de Castilla, más allá de su tradicional papel agrícola. Manuel de la Parra defendía la unión de Castilla la Vieja y Castilla la Nueva como condición indispensable para el éxito de la conferencia, y concluía con entusiasmo: “Bien, muy bien nos parece que Castilla dé su nota. ¡Ojalá sea el principio regionalista castellano!” (El Adelanto, 5 de septiembre de 1933).

 

[NOTA: Manuel de la Parra fue un escritor castellano. En marzo de 1936 fue miembro del Grupo de Intereses Materiales de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. En mayo de 1936 fue vicepresidente de la Asociación de Escritores Regionalistas Castellanos. Destacado militante de Izquierda Republicana en Madrid, fue represaliado por el franquismo. En 1941 recibió la libertad condicional].

 

LA DIVISIÓN DE LOS FEDERALISTAS HISTÓRICOS

Entre los federalistas, surgieron críticas específicas por la falta de municipalismo en los proyectos de estatutos de autonomía. Esta preocupación fue expresada con claridad por el soriano Manuel Hilario Ayuso en su artículo “A mis paisanos” (El Noticiero de Soria, 6 de noviembre de 1933). Ayuso, veterano republicano y discípulo de Francisco Pi y Margall, lamentaba que durante la redacción de la Constitución republicana, sus propuestas para adoptar un sistema federal con autonomía municipal fueran rechazadas por la mayoría socialista. Consideraba que el municipalismo era el verdadero eje de la libertad política y administrativa, y una tradición histórica de Castilla que se había truncado en Villalar.

 

En su intervención del 11 de agosto, Ayuso se opuso al Estatuto de Cataluña, al que calificó como antitético respecto a la doctrina federal, y volvió a insistir en la necesidad de autonomía para los municipios. Concluyó apelando a sus paisanos a elegir representantes que realmente defendieran los principios republicanos y federales (El Noticiero de Soria, 6 de noviembre de 1933).

 

[NOTA: El soriano Manuel Hilario Ayuso fue miembro del Partido Republicano Federal. Fue uno de los cuatro diputados federalistas que obtuvieron escaño en las legislativas de 1914 -Eduardo Fernández del Pozo por Gerona, Eduardo Barriobero en Madrid, Manuel Hilario Ayuso por Córdoba y Julián Nougués por Tarragona-. El Partido Republicano Federal se dividió en tres grupos: uno más ´histórico´ liderado por Pi y Arsuaga (hijo de Pi i Margall fallecido en 1912) y el soriano Hilario Ayuso, el del canario Franchy Roca (que en la II República se convirtió en Partido Republicano de Izquierda Federal) y los neo intransigentes y municipalistas del riojano Eduardo Barriobero que mantuvieron las siglas de PRF con lazos con la CNT. En la II República, obtiene 16 diputados, entre ellos Franchy Roca por Canarias (luego ministro en el efímero tercer gobierno de Azaña), Hilario Ayuso por Soria o Eduardo Barriobero por Oviedo, que se integró en el grupo de los jabalíes].

 

EL ESTATUTO DE LA “CASTILLA NACIÓN”

En “Ha muerto el centralismo”, Julián de Torresano reflexiona sobre el fin del modelo centralista en España tras la aprobación de los estatutos de autonomía para Cataluña y el País Vasco. Señala que ya no es posible sostener el centralismo cuando algunas regiones disfrutan de autonomía, mientras otras, como Castilla, permanecen en situación de inferioridad. Considera que el centralismo, impuesto desde 1833 por la monarquía liberal y parlamentaria, fue una herramienta de castigo contra las regiones que no aceptaron ese régimen, y que fue importado de Francia junto con los postulados del liberalismo ilustrado. El autor denuncia que Castilla ha vivido durante un siglo bajo la ilusión de dominar España, pero con la llegada de la República ese mito se ha desvanecido.

 

Por ello, Torresano llama a los castellanos a reclamar su propio Estatuto, al igual que lo han hecho otras regiones, para recuperar su libertad y evitar convertirse en colonia de las autonomías ya establecidas. Afirma: “Dediquémonos, pues, de ahora en adelante, a exaltar y revalorizar la personalidad de Castilla nación, a preparar el plebiscito castellano en pro del Estatuto, a fin de alcanzar para nuestra patria cuanto hayan logrado y puedan lograr los demás pueblos hispanos.” Además, Julián de Torresano reivindica con claridad el alcance territorial y político de esta propuesta: “La nación castellana, desde Santander a Albacete, desde el Condado de Treviño a Ciudad Rodrigo, desde Sigüenza a Ponferrada, debe tener un Estatuto con derecho a la reintegración de sus fueros propios, de su división comarcal natural, de la reintegración de bienes a sus expoliadas Comunidades.”. Finalmente, concluye con un llamado a los escritores e intelectuales a poner su pluma al servicio de Castilla (El Adelantado de Segovia el 13 de noviembre de 1933).

 

LLAMAMIENTO A LOS MONTAÑESES PARA RECUPERAR EL PUERTO DE CASTILLA

Un editorial de El Cantábrico del 11 de enero de 1934 abordó la necesidad urgente de revitalizar las provincias del interior de España, especialmente las castellanas, mediante el impulso industrial y comercial. El editorial concluye con una propuesta clara: “Volverá, indudablemente, si Castilla se rejuvenece, si se industrializa, si se mercantiliza; si en vez de enviar sus primeras materias a otras regiones para que en ellas la fabricación las convierta en diversos productos, se decide a montar negocios fabriles, que utilicen esas materias primas, que dejarán así más dinero en Castilla que vendidas a bajo precio a los fabricantes de otras regiones.” Se hace un llamado a los montañeses para que colaboren activamente en el fortalecimiento económico de las provincias castellanas, con el objetivo de que Santander recupere su papel como puerto de Castilla.

 

LA PERSONALIDAD COMARCAL DE MIRANDA DE EBRO

Tras el impulso inicial del ferrocarril, Miranda de Ebro experimentó un notable crecimiento económico, industrial y demográfico. Este desarrollo generó en la ciudad —de marcada tradición republicana— propuestas de carácter provincialista. En 1934 la revista El Porvenir de Miranda publicó un artículo firmado por Salvador Cenzano en el que se defendía una iniciativa provincial con un marcado enfoque castellanista. Cenzano proponía la creación de una provincia para el alto Ebro con capital en Miranda de Ebro, independiente tanto de Burgos como de Vitoria. En su propuesta esta nueva entidad, definida por el autor como “castellana hasta el tuétano”, abarcaría un territorio que se extendería desde Reinosa hasta las Conchas de Haro, incluyendo Las Merindades, La Bureba y los valles occidentales alaveses. Ante la inclusión de zonas alavesas en su nueva propuesta provincial el autor lo justificaba así: “No ofrece Vitoria el porvenir de Miranda, ni perdería gran cosa (conservando su autonomía provincial), con el cambio si, además, y como para ello está indicada, adquiría el rango de capitalidad intelectual y de residencia tranquila del país vasco-navarro con el establecimiento de la Universidad que reclama y merece” (Ojeda San Miguel y otros, 1999).

 

DEL LEONESISMO A LA AUTONOMÍA DE LA CUENCA DEL DUERO

En marzo de 1934 José Eguiagaray Pallarés, alcalde de León, propuso en el Diario de León la creación de la Liga Regional Leonesa, en consonancia con las ideas de Cambó, como un centro de estudios leoneses.

 

[NOTA: Eguiagaray Pallarés asistió en junio de 1930 a la Fiesta “Castellano-Leonesa” en Palencia, donde según la prensa afirmó: “Hizo el señor Eguiagaray un levantado discurso de aproximación castellano-leonesa, expresando que no importa la denominación que se dé a esta clase de fiestas porque en cualquier fiesta castellana, León tiene siempre un puesto por derecho propio” (El Diario Palentino, 23 de junio de 1930)].

 

Según recoge Orduña (1986), el Diario de León publicó el 7 de abril de 1934 una noticia sobre una reunión celebrada en la provincia de León, en la que participaron representantes de la Diputación, del Ayuntamiento —incluido el alcalde socialista Miguel Castaño—, el presidente de la Federación Católica Agraria y varios diputados. En este encuentro se propuso la creación de una autonomía para la cuenca del Duero, con la exigencia de un incremento presupuestario que garantizara una verdadera autonomía financiera para el futuro organismo. Esta iniciativa, surgida desde León, refleja el interés por articular políticamente el espacio del noroeste peninsular, en un contexto de creciente reivindicación territorial durante la Segunda República.

 

Según Álvarez Domínguez (2007), en diciembre de 1934 resurge el leonesismo en las páginas del Diario de León a través de una serie de artículos firmados por Clemente Vilorio, bajo el epígrafe “Leoneses y Castellanos”. Esta serie, compuesta por 39 piezas de opinión, se publicó regularmente entre el 24 de diciembre de 1934 y el 31 de diciembre de 1935, marcando una etapa de reivindicación identitaria desde León. Aunque no se puede confirmar si se trata del mismo autor que firmó una Carta Abierta dos décadas antes, sí se observa continuidad en el apellido, la inicial del nombre y el credo leonesista. En uno de los artículos, publicado el 12 de febrero de 1935, Vilorio delimita el territorio que considera leonés, incluyendo las actuales provincias de Zamora, Salamanca, Valladolid, Palencia, gran parte de la de Santander, y por supuesto León. Esta definición territorial amplía el marco tradicional del Reino de León, incorporando zonas que hoy se asocian con Castilla, lo que revela una visión regional alternativa dentro del debate territorial de la Segunda República.

 

Siguiendo a Álvarez Domínguez (2007), ideológicamente Vilorio se vincula abiertamente con el catolicismo y la derecha, como se evidencia en sus constantes referencias al cristianismo, invocaciones religiosas y en la atribución de la fe como rasgo distintivo del pueblo leonés. Su cercanía con la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) se manifiesta en el apoyo a la participación juvenil leonesa en la Concentración de Medina del Campo, así como en su satisfacción por el triunfo de la candidatura cedista en León durante las elecciones de 1933.

 

CASTILLA Y ARAGÓN. EL ALEGATO DE GASPAR TORRENTE

En su artículo “En nom de qui parlen?”, el aragonesista Gaspar Torrente cuestiona la legitimidad de una supuesta Alianza Regional que, en nombre de diversas regiones, habría solicitado al diputado Royo Villanova que exigiera cargos en las Gestoras del Ayuntamiento y de la Generalitat de Catalunya. Torrente denuncia que dicha alianza carece de representatividad real, especialmente en lo que respecta a Aragón, y señala que ninguna de las principales entidades aragonesas forma parte de ella (La Humanitat el 19 de abril de 1935).

 

Gaspar Torrente extiende su crítica a otras regiones como Navarra, Valencia, el País Vasco, Andalucía, Galicia y las islas, cuyos pueblos han expresado simpatía por la autonomía y por una federación ibérica, pero que tampoco están representados en esa alianza. En cuanto a Castilla, Torrente afirma que tampoco puede formar parte, apelando al legado histórico de los comuneros castellanos —Padilla, Bravo y Maldonado— que se rebelaron contra la dominación imperial de Carlos I en defensa de la independencia castellana. Según Torrente, traicionar ese gesto heroico sería deshonrar la memoria de quienes lucharon por la dignidad de Castilla. Critica duramente a Royo Villanova, a quien describe como “el aragonés que no es de Aragón” y “el castellano que tampoco es de Castilla”, y cuestiona su representatividad como diputado por Valladolid. Se pregunta por qué no ha respondido públicamente a una carta que se le envió con preguntas concretas, y que fue ampliamente difundida. Torrente concluye que Royo Villanova no puede hablar en nombre de España, ya que España sin sus pueblos —sin Castilla, Aragón, Navarra, Andalucía, Catalunya, Valencia, Galicia, Baleares y Extremadura— no sería nada.

 

UNIVERSIDAD Y AUTONOMÍA: LA PROPUESTA DE LÓPEZ ALBO PARA CASTILLA LA VIEJA

En el verano de 1935 el doctor Wenceslao López Albo planteó una ambiciosa propuesta para convertir a Santander en ciudad universitaria, aprovechando el potencial de la Casa de Salud de Valdecilla como núcleo académico y hospitalario. En su artículo “Porvenir de Santander como ciudad universitaria”, (El Cantábrico, 17 de agosto de 1935) defendió la creación de una “Universidad de Castilla la Vieja”, que reparara la ausencia de una institución universitaria en esta histórica región, a diferencia de otras zonas con múltiples universidades y facultades de medicina.

 

El autor argumenta que Valdecilla, por su organización y calidad de servicios, está preparada para convertirse en Escuela oficial de especialización médica y en Facultad de Medicina, una vez que el Estado emprenda la reforma universitaria y regule los títulos de especialista. Propone además que el Colegio Mayor anejo a la Biblioteca de Menéndez Pelayo se destine a una Facultad de Filosofía y Letras, completando así el proyecto universitario.

 

López Albo apela a la historia, recordando que Castilla la Vieja, heredera del condado leonés y cuna de la España moderna, vio extinguir sus universidades en El Burgo de Osma y Ávila —esta última con grado en Medicina—, y que merece recuperar ese papel académico. Cita también la valoración del periódico El Pueblo Vasco, que elogió la calidad de Valdecilla y advirtió que, si Bilbao no mejoraba su hospital de Basurto, Santander podría quedarse con la facultad de medicina que aquella ciudad no supo reclamar.

 

UNA ASOCIACIÓN REGIONALISTA

La fundación de la Asociación de Escritores Regionalistas Castellanos en enero de 1936 representa un esfuerzo consciente por reivindicar la identidad cultural de Castilla desde una perspectiva no política, sino profundamente afectiva y literaria. En “Castilla y su regionalismo” (Heraldo de Zamora el 15 de enero de 1936), Manuel de la Parra, destacado miembro de la Asociación, explica que esta iniciativa surge del entusiasmo de un grupo de escritores comprometidos con la exaltación de las tradiciones, costumbres, leyendas y expresiones populares castellanas. Frente a la tendencia hacia la uniformidad cultural, el autor defiende un regionalismo que no cuestiona la unidad política de España, pero sí reclama el reconocimiento de la diversidad administrativa y folklórica. La asociación se presenta como una respuesta al despertar de un sentimiento castellano que busca recuperar y proyectar el alma de la región a través de la literatura y el pensamiento.

 

FEDERALISMO Y NACIÓN CASTELLANA EN JULIÁN DE TORRESANO

En “Cataluña y Castilla” Julián de Torresano plantea con firmeza la necesidad de crear una conciencia nacional castellana, como respuesta al avance del nacionalismo catalán y al fracaso del centralismo liberal heredado del siglo XIX. Critica la pasividad de la mayoría de los intelectuales castellanos frente al Estatuto de Cataluña, destacando que solo unos pocos, como Gregorio Fernández Díez, comprenden la “realidad nacionalista de Castilla”. Torresano propone abandonar el discurso del patriotismo español abstracto y centrarse en la exaltación de la “patria chica”, reclamando para Castilla un Estatuto propio, en igualdad de condiciones con otras regiones. Defiende que Castilla, por su historia y extensión territorial, merece ese reconocimiento más que ninguna otra. Frente a la indiferencia y el desinterés, llama a enseñar a las masas castellanas su historia, sus intereses y su identidad, hasta que se escuche en las calles el grito de “¡Viva Castilla!”, como expresión de una conciencia colectiva renovada y afirmativa (El Adelantado de Segovia el 3 de marzo de 1936).

 

Días después, en “El castellanismo y el marqués de Lozoya”, Julián de Torresano reafirma su visión del nacionalismo castellano a partir de una conferencia pronunciada por Juan de Contreras, marqués de Lozoya. Destaca que este intelectual representa un verdadero pensamiento castellano, alejado del centralismo alfonsino y cercano a la realidad histórica de una España federativa, donde los distintos reinos peninsulares estaban unidos por la figura del monarca, no por conquista, sino por herencia o pacto. Torresano denuncia el error histórico que llevó a Castilla a asumir un falso papel de dominadora, lo que provocó el rechazo de otras regiones y el olvido de sus propios derechos y libertades. Propone recuperar esa verdad histórica para que los castellanos vuelvan a amar a su verdadera patria: Castilla (El Adelantado de Segovia el 3 de abril de 1936).

 

En un nuevo artículo, titulado “El camino de los Estatutos” (El Adelantado de Segovia, 5 de mayo de 1936, reproducido también en El Día de Palencia, 8 de mayo bajo la firma “J. de T.”), Torresano insiste en la necesidad de que Castilla reclame su propio Estatuto de autonomía, en igualdad de condiciones con Cataluña y el País Vasco. Critica el carácter artificial del proyecto estatutario vasco y advierte que el centralismo no es el camino para Castilla. Reivindica la vía constitucional y legal para alcanzar el reconocimiento regional, pero subraya que primero es necesario definir con claridad qué es Castilla, rechazando la división entre “las dos Castillas” y defendiendo la existencia de una única nación castellana, aunque compuesta por diversas comarcas.

 

EL CASTELLANISMO COMO ALTERNATIVA ELECTORAL

Ya en noviembre de 1935, el Diario de Burgos daba cuenta de la presencia de Gregorio Fernández Díez como “republicano castellanista” entre los cuarenta y un candidatos que aspiraban a siete puestos en las elecciones, lo que evidencia que el castellanismo comenzaba a tomar forma también en el terreno político (Diario de Burgos, 13 de noviembre de 1935). Esta tendencia se consolidó meses después, cuando Carlos Alonso promovió la creación de una “candidatura castellanista de republicanos de centro” como alternativa a la del Frente Popular. La propuesta surgió de encuentros entre republicanos independientes y sectores afines al gobierno centrista, con el objetivo de unir fuerzas en torno a una opción moderada que representara los intereses de Castilla. Alonso instó a los partidos republicanos de Palencia y a los pueblos de la provincia a presentar candidaturas bajo el signo castellanista, articulando así una respuesta política al contexto nacional desde una identidad regional reivindicativa (El Diario Palentino el 18 de marzo de 1936).

 

EL CASTELLANISMO CULTURAL

El castellanismo cultural encontró en la década de 1930 una vía de expresión a través de figuras como Inocencio Haedo, Conrado Blanco Plaza, Agapito Marazuela o el compositor Antonio José Martínez Palacios, quienes contribuyeron a la afirmación de la identidad regional mediante la literatura y la música. El Diario de Burgos publicó el 6 de abril de 1936 un editorial titulado “Por su cruzada castellanista”, en el que se recogía el homenaje ofrecido al burgalés Conrado Blanco por su labor poética y divulgativa en favor de Castilla. El acto, celebrado con la presencia de representantes de distintos pueblos de la provincia, destacó su papel como “poeta de Castilla”, capaz de recoger el alma de la tierra en sus versos y transmitirla en recitales por aldeas y ciudades. Se propuso incluso organizar un recital en la capital para dar a conocer su obra a un público más amplio.

 

Por otro lado, el 8 de mayo de 1936, el mismo diario burgalés publicó el artículo “El folklorista Antonio-José”, firmado por José Subirá, junto con una convocatoria de homenaje al compositor burgalés. Subirá recordaba el premio que Antonio José recibió en 1932 por su Cancionero burgalés, aún inédito, y destacaba su intervención en el II Congreso Internacional de Musicología celebrado en Barcelona, donde presentó su estudio “La canción popular burgalesa”. La conferencia, pronunciada ante una audiencia cosmopolita, fue recibida con entusiasmo por su profundidad y sensibilidad. Paralelamente, un grupo de admiradores convocó un homenaje público para reconocer su labor como director del Orfeón Burgalés, compositor moderno y difusor del folklore local, subrayando la necesidad de publicar su obra y de valorar su contribución artística a la cultura castellana.

 

[NOTA: Antonio José Martínez Palacios (Burgos, 12 de diciembre de 1902 – Estepar, 9 de octubre de 1936) fue un destacado compositor, músico y folklorista, considerado uno de los grandes talentos musicales de la Generación del 27. Su obra se caracteriza por la fusión entre la música culta y el folklore castellano, especialmente burgalés. Fue autor de piezas como la “Sonata castellana”, la “Sinfonía castellana”, y el “Cancionero burgalés”, que recibió el Premio Nacional de Música en 1932. Dirigió el Orfeón Burgalés y promovió activamente la música popular de su tierra, convirtiéndose en un referente cultural de Castilla. Durante la Guerra Civil, tras el golpe militar de julio de 1936, Antonio José fue detenido por falangistas el 6 de agosto en su domicilio de Burgos. Fue encarcelado sin juicio en la Prisión Central de la ciudad. La madrugada del 9 de octubre fue sacado junto a otros presos, fusilado en un descampado cercano a Estepar y enterrado en una fosa común. Su muerte fue parte de la represión contra intelectuales y artistas vinculados a movimientos culturales progresistas. Durante décadas, su figura fue silenciada por el régimen franquista, que incluso prohibió la interpretación de su música en 1938. A partir de los años 70 comenzó su rehabilitación, con homenajes, publicaciones y estrenos póstumos de sus obras. Hoy se le reconoce como uno de los grandes compositores españoles del siglo XX y un símbolo del castellanismo cultural truncado por la violencia política].

 

LAS INICIATIVAS AUTONOMISTAS PARA CASTILLA LA VIEJA Y LEÓN

En el contexto de creciente demanda de estatutos autonómicos en diversas regiones de España durante la Segunda República, Mauricio García Isidro publicó el 13 de mayo de 1936 en Heraldo de Zamora el artículo titulado “Hacia el Estatuto Leonés”, en el que propone la organización de León, Zamora y Salamanca como región autónoma. Argumenta que estas tres provincias comparten una identidad histórica, cultural y económica común, heredada del antiguo reino de León, y que deben actuar con rapidez para evitar quedar en situación de inferioridad frente a otras regiones que ya han iniciado procesos estatutarios, como Cataluña, el País Vasco, Galicia y Aragón. García Isidro advierte que la multiplicación de estatutos en la periferia puede asfixiar económicamente a las regiones centrales, por lo que llama a los ciudadanos a movilizarse en defensa de su “patria chica”.

 

Aunque el título del artículo sugiere una reivindicación leonesa, Álvarez Domínguez (2019) señala que el autor se identifica como castellano “en el más amplio sentido de la palabra” y emplea expresiones que vinculan la propuesta al conjunto del “solar castellano”. Esta ambigüedad revela una visión regionalista que no rompe con la identidad castellana, sino que la extiende para incluir al antiguo reino de León como parte de las “regiones castellanas”, en una propuesta que mezcla elementos leonesistas y castellanistas sin percibir contradicción entre ambos.

 

En una entrevista el escritor y exministro César Silió defendió con firmeza la necesidad de un Estatuto de autonomía para Castilla y León, abarcando once provincias: León, Zamora, Salamanca, Valladolid, Palencia, Burgos, Logroño, Soria, Segovia, Ávila y Santander. Silió argumentó que, ante el avance de los estatutos en Cataluña, el País Vasco y Galicia, Castilla no podía quedar relegada a una posición de servidumbre dentro del Estado central. Reivindicó el derecho constitucional a la autonomía y alertó sobre las consecuencias económicas y políticas de permanecer al margen del proceso descentralizador (El Diario Palentino, 17 de mayo de 1936).

 

Aunque evitó definir la estructura concreta del futuro Estatuto, subrayó la cohesión territorial, demográfica y cultural de la región castellano-leonesa, destacando su capacidad para sostenerse por sí misma y su salida al mar a través de Santander. Silió apeló al sentimiento castellano como motor de esta reivindicación, y llamó a superar cualquier resistencia, confiando en que la lógica política y el deseo popular harían posible la autonomía de Castilla y León.

 

En mayo de 1936 el debate sobre la autonomía regional alcanzó plenamente a Castilla y León, con la implicación de figuras políticas como José María Gil Robles (líder de la CEDA). En el artículo “Castilla no puede quedar sin Estatuto” se recogía la declaración de Gil Robles a favor de un Estatuto para Castilla y León. El dirigente afirmaba que Castilla no podía quedar relegada mientras otras regiones avanzaban en sus procesos autonómicos. Defendía que la autonomía castellano-leonesa debía ser un modelo de regionalismo profundamente español, y aunque no precisó si incluiría a Castilla la Nueva, confirmó que la iniciativa partía de la CEDA y contaba con apoyo de otros partidos (El Diario Palentino, 20 de mayo de 1936).

 

Paralelamente, desde Burgos, el alcalde Luis García Lozano impulsó una iniciativa local para debatir la conveniencia de un Estatuto castellano en una reunión en la Casa Consistorial, dirigida a diputados, entidades, partidos y prensa, con el objetivo de iniciar un movimiento que pudiera extenderse a otras provincias con intereses comunes (Diario de Burgos, 21 de mayo de 1936). La asamblea se celebró el 24 de mayo. En ella García Lozano subrayó que el movimiento castellanista debía estar alejado de cualquier orientación partidista, y propuso la creación de una comisión organizadora para coordinar esfuerzos con otras provincias (Diario de Burgos, 25 de mayo de 1936) como Santander, donde mantenían contactos y sintonía sobre el Estatuto Castellano con Ramón Ruiz Rebollo, antiguo diputado federalista y en esos momentos figura principal de Izquierda Republicana en Cantabria (El Cantábrico, 28 de mayo de 1936).

 

El 22 de mayo de 1936, Heraldo de Zamora informó sobre reuniones celebradas en Madrid entre diputados de Acción Popular y de la minoría agraria para estudiar la posibilidad de solicitar un Estatuto de autonomía para Castilla la Vieja y León. José María Gil Robles declaró que el Estatuto no debía ser promovido por un solo partido, sino por todos los que reconocieran la personalidad regional de Castilla y León. La minoría agraria, presidida por Martínez de Velasco, también expresó su apoyo inicial a la iniciativa. Ese mismo día se constituyó una ponencia encargada de estudiar el proyecto estatutario, integrada por diputados como José María Cid Ruiz-Zorrilla (Zamora), Abilio Calderón (Palencia), Nicasio Velayos (Ávila), Gil Robles (Salamanca) y Daniel Cortés (Valladolid).

 

El mismo 22 de mayo, El Diario Palentino publicó una entrevista con Gil Robles en la que defendía el Estatuto como instrumento para evitar que Castilla quedara marginada frente al avance autonómico de otras regiones. Afirmó que la autonomía permitiría impulsar la economía castellana, proteger la agricultura y fomentar la industria, especialmente a través de la Confederación Hidrográfica del Duero, que consideraba clave para el desarrollo regional. Aunque aún no se definía el alcance territorial del Estatuto, Gil Robles mencionó que las aspiraciones se centraban en Castilla la Vieja y León, sin descartar la posible inclusión de Castilla la Nueva, excluyendo probablemente a Madrid por su condición de capital.

 

Según Serrano García (2008), el grupo de liberales agrarios castellanos formado por figuras como Martínez de Velasco, Nicasio Velayos, José María Cid y Mariano Matesanz pudo haber constituido el núcleo de un “partido nacional castellanista”, una posibilidad que quedó truncada con el estallido de la Guerra Civil en 1936. Este grupo, vinculado a la tradición liberal, se caracterizaba por su rechazo a la intervención estatal en la economía y por su hostilidad hacia la reforma agraria, como evidenció Velayos durante su paso por el Ministerio de Agricultura. No obstante, a diferencia de sus aliados católicos, estos agrarios mostraron una actitud más respetuosa hacia la República, lo que los situaba en una posición singular dentro del espectro político conservador. Un estudio reciente sobre Mariano Matesanz (Rey Reguillo, 2004) ha permitido profundizar en este grupo, que, desde una perspectiva castellanista, podría haber articulado una alternativa regionalista con base liberal en el marco republicano.

 

A raíz del artículo “Hacia el Estatuto Leonés” de Mauricio García Isidro, La Gaceta Regional de Salamanca reflexionó sobre la viabilidad de un Estatuto para la Región Leonesa, destacando su interés político y social. Aunque se reconoce que históricamente podría plantearse un estatuto conjunto para Castilla la Vieja, Castilla la Nueva y León, se defiende la creación de varias regiones estatutarias por motivos económicos y geográficos. En particular se propone una región formada por Salamanca, Zamora, Ávila y Cáceres, denominada Lusitania, con Salamanca como capital natural. Esta elección se justifica por el papel central que ya desempeña la ciudad en servicios, comercio, educación y atención médica para las provincias vecinas, evidenciado por la constante afluencia de población flotante (Heraldo de Zamora, 23 de mayo de 1936, reproducido de La Gaceta Regional de Salamanca).

 

El 23 de mayo de 1936, el diario santanderino La Región publicó el artículo “El Estatuto Castilla – León”, en el que manifiesta su apoyo al proyecto de un Estatuto para Castilla y León, al tiempo que expresa cautela ante la iniciativa autonomista impulsada por la CEDA. El periódico recuerda su defensa previa del Estatuto catalán y del derecho de otras regiones a reclamar autonomía, y reafirma su compromiso con el autonomismo castellano de izquierdas. Sin embargo, ante el inesperado nuevo protagonismo de la derecha en este proceso, La Región se muestra desconfiada y espera conocer qué tipo de participación se solicitará “a las izquierdas castellanas”, advirtiendo que no respaldará un modelo regresivo ni influido por intereses clericales o externos. El artículo subraya que la elaboración del Estatuto debe ser fruto de un proceso serio, basado en consultas y estudio, y no una maniobra política oportunista de la derecha (La Región, 23 de mayo de 1936).

 

El movimiento a favor del Estatuto de Castilla y León seguía ganando fuerza en mayo de 1936, con una creciente adhesión de las provincias castellano-leonesas. Según El Día de Palencia, todas las provincias se habían sumado con entusiasmo al proyecto autonomista, y tanto la prensa como figuras destacadas del castellanismo contribuían activamente. El Norte de Castilla publicó un proyecto de bases elaborado por el doctor Bañuelos, que proponía una visión equilibrada entre el carácter castellano y las nuevas formas autonómicas, evitando el centralismo y promoviendo una administración austera y honrada.

 

El diputado leonés Álvarez Robles, en una asamblea provincial, defendió que el regionalismo no contradecía la unidad nacional, sino que la fortalecía. Inspirado en Menéndez Pelayo, argumentó que la autarquía regional debía respetar tanto la soberanía estatal como los derechos de otras regiones. Justificó el despertar de la conciencia regional por razones políticas, económicas y fiscales, y llamó a la unidad de los castellanos y leoneses, sin importar la procedencia política de quienes impulsaran el Estatuto. En Burgos, una reunión convocada por el alcalde García Lozano reunió a unas ochenta personalidades, entre ellas diputados, técnicos, representantes de colegios profesionales y partidos. La asamblea coincidió en que era el momento adecuado para impulsar el Estatuto, destacando que debía mantenerse al margen de intereses políticos y centrarse en el bienestar de Castilla y de España. Se autorizó al alcalde a formar y presidir una comisión que trabajaría junto a otras provincias en el desarrollo del proyecto (El Día de Palencia, 26 de mayo de 1936).

 

El catedrático vallisoletano Dr. Bañuelos presentó un proyecto de bases para el futuro Estatuto de Castilla y León, concebido como una propuesta para el estudio y reflexión sobre la organización autonómica de la región. En él se establece que Castilla y León se constituirían como una región autónoma con el objetivo de defender tanto a España como sus derechos en igualdad con otras regiones. Las provincias conservarían sus límites y administración, y sus diputaciones pasarían a llamarse Consejos provinciales castellano-leoneses, reuniéndose dos veces al año en una Asamblea regional compuesta por representantes provinciales, complementada por un Consejo Supremo permanente, con sede en una ciudad céntrica y accesible.

 

El Consejo Supremo tendría funciones de vigilancia del cumplimiento de las leyes regionales, administración de poderes transferidos por el Estado central y relaciones oficiales con este. Se reclamaban para Castilla y León las mismas atribuciones políticas y legislativas que las concedidas a Cataluña, incluyendo poderes en materia de orden público. La elección de consejeros provinciales se haría por circunscripciones de 25.000 habitantes, garantizando representación de todas las zonas con intereses particulares. En cuanto a los ingresos, cada provincia los administraría libremente, destinando un porcentaje (entre el 10 y el 20%) a obras comunes, cuya ejecución quedaría a cargo de los Consejos provinciales, evitando así la creación de nueva burocracia (El Día de Palencia, 27 de mayo de 1936).

 

En el marco del debate sobre el Estatuto de Castilla y León en 1936, destacó la oposición del jurista y político Antonio Royo Villanova, aragonés de nacimiento y residente en Valladolid, cuya trayectoria estuvo marcada por un firme anti-autonomismo españolista. Desde El Norte de Castilla, y con amplia difusión en El Cantábrico (28 de mayo de 1936) y Heraldo de Zamora (3 de junio de 1936), Royo Villanova expresó su rechazo absoluto a cualquier forma de estatuto regional, incluyendo el castellano. Defensor de un Estado fuerte, unitario y centralizado, argumentaba que solo desde esa estructura se podían resolver con justicia los problemas de Castilla, como la desigualdad tributaria frente a otras regiones, especialmente Cataluña. Criticó duramente el uso del Estatuto catalán para marginar la lengua castellana en la educación, y consideró que Castilla no debía convertirse en “comparsa” de un autonomismo que, en su opinión, deshacía la unidad nacional. Royo Villanova recordaba que su fidelidad al ideal de unidad nacional le había costado ascensos políticos, pero reafirmaba su coherencia ideológica, incluso frente a presiones de figuras como Santiago Alba o el conde de Romanones. Equiparó el “singularismo castellano” con el “catolicismo protestante”, y se declaró enemigo de cualquier estatuto, ya fuera catalán, vasco, aragonés o castellano, por considerar que todos debilitaban la soberanía del Estado.

 

EL ESTATUTO CÁNTABRO-CASTELLANO

El 28 de mayo de 1936, los diarios santanderinos El Cantábrico y La Región publicaron un artículo firmado por Antonio Orallo Sánchez, en nombre del Partido Izquierda Federal de Santander, en el que se reivindicaba el proyecto federal de Estatuto Cántabro-Castellano aprobado por las asambleas del Partido Republicano Federal en 1932. Inspirado en el pensamiento federalista de Francisco Pi y Margall, Orallo defendía que “Cantabria con Castilla tienen que recobrar su personalidad histórica, económica y geográfica”, y denunciaba el silencio impuesto a las ideas autonomistas por el apoyo al régimen republicano. Los federalistas celebraban el auge autonomista en regiones como Galicia, Asturias, Valencia y Vasconia, y reivindicaba el papel de los municipios como base de las libertades patrias, hoy absorbidos por el centralismo estatal.

 

El preámbulo del proyecto de Estatuto Cántabro-Castellano era fiel a las lógicas federales “de abajo a arriba” que partía del Cantón Regional de Santander y municipios limítrofes de Palencia y Burgos, al margen del marco administrativo provincial —concepto que históricamente los federales rehuían—. Según sus promotores, el proceso pretendía llegar a la federación con el resto de Castilla la Vieja, es decir, un Estatuto Cántabro-Castellano abierto a las provincias de Ávila, Burgos, Logroño, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid.

 

Orallo subrayaba las ventajas estratégicas que el Estatuto reportaría a Santander, como puerto natural de las Castillas y enlace con América Latina, y proponía que la región autónoma pudiera ejecutar directamente infraestructuras como el ferrocarril Cidad-Santander, sin depender del Poder central. Anunciaba además que el Partido Izquierda Federal publicaría próximamente el articulado del Estatuto para someterlo a estudio por parte de entidades comerciales y ayuntamientos, en preparación de un plebiscito regional. El artículo concluía con una defensa apasionada del autonomismo como vía de fortalecimiento del régimen republicano y como expresión viva de ideas que, aunque postergadas, nunca mueren cuando están guiadas por la razón y el bien colectivo (El Cantábrico, 28 de mayo de 1936; La Región, 28 de mayo de 1936).

 

El 9 de junio de 1936, la Comisión gestora de la Diputación de Santander, presidida por Ruiz Olazarán y formada, entre otros, por los republicanos Laureano Miranda, Eleofredo García y Antonio Orallo (La Voz de Cantabria, 10 de junio de 1936), acordó aceptar y estudiar el proyecto de Estatuto Cántabro-Castellano presentado por el Partido Republicano de Izquierda Federal que presidía el propio Antonio Orallo, agradeciendo el envío de ejemplares del texto y considerando la posibilidad de asumirlo como propio para impulsar su tramitación (La Voz de Cantabria, 10 de junio de 1936). Ese mismo día, representantes de diversas agrupaciones políticas y sindicales —como la CNT, la Federación Local de Sindicatos, el Partido Comunista, Unión Republicana y el Partido Nacional Republicano— se reunieron en el Centro Federal de Santander para intercambiar impresiones sobre el proyecto. Aunque algunas formaciones excusaron su asistencia, los presentes manifestaron simpatía por la iniciativa y se comprometieron a estudiarla en sus respectivas organizaciones (La Región, 12 de junio de 1936).

 

El 16 y 17 de junio, varios diarios —La Voz de Cantabria, La Región, Diario de Burgos y El Día de Palencia— informaron que la Diputación de Santander había decidido organizar y dirigir la campaña para llevar el Estatuto Cántabro-Castellano a la realidad mediante un plebiscito, “una vez consultadas las provincias de Burgos, Palencia, Soria, Segovia y Ávila sobre su inclusión en el citado proyecto” (la no mención de Logroño y Valladolid parece producto de un error tipográfico ya que en otras noticias figuraban las ocho provincias de Castilla la Vieja). Se dio traslado de la propuesta a la ponencia nombrada por el Ayuntamiento y la Diputación de Burgos, instándola a activar sus gestiones para celebrar una asamblea interprovincial (Diario de Burgos, 17 de junio de 1936).

 

El 12 de julio de 1936, una delegación institucional de la provincia de Burgos se desplazó a Santander con el objetivo de impulsar el reconocimiento autonómico de Castilla la Vieja a través del proyecto de Estatuto Cántabro-Castellano. La comitiva estuvo encabezada por el alcalde de Burgos, García Lozano, y por representantes de la Diputación Provincial. Durante su estancia, se reunieron con Ruiz Olazarán, presidente de la Diputación de Santander, así como con la Comisión Gestora y representantes del Ayuntamiento santanderino. En el encuentro, ambas partes coincidieron en la necesidad de “ir rápidamente al estudio y a la petición de que a Castilla la Vieja le sea concedido su Estatuto, al igual que se ha hecho con Cataluña y está próximo a realizarse con las de Vizcaya y Galicia”, según recogía La Voz de Cantabria en su edición del 13 de julio de 1936.

 

Finalmente, el 30 de julio de 1936, el periódico La Montaña, órgano del centro montañés en La Habana, publicó una nota sobre el Estatuto Cántabro-Castellano —al que denominó “Estatuto Castellano”— señalando que el proceso avanzaba lentamente debido a la falta de unidad entre los dirigentes políticos y económicos. No obstante, destacaba que el Partido Federal montañés, que presidía el veterano republicano santanderino Antonio Orallo, había logrado que la Diputación de Santander aceptara el proyecto en principio, y que se buscaba coordinar esfuerzos con Burgos y otras provincias castellanas para celebrar una asamblea regional que definiera la orientación de la campaña plebiscitaria en favor de la independencia administrativa de la región castellana (La Montaña, 30 de julio de 1936).

 

[NOTA: Aunque el proyecto del Estatuto Cántabro-Castellano contemplaba principalmente la incorporación de las provincias de Castilla la Vieja, también se enviaron ejemplares a otras diputaciones. Entre ellas, la Diputación de Salamanca acusó recibo de la documentación durante una sesión de su Comisión Gestora en la que se dio cuenta además de una carta circular remitida por el Partido Republicano de Izquierda Federal de Santander en la que se enviaban “unos ejemplares del proyecto de Estatuto Cántabro-Castellano” a la institución salmantina (El Adelanto, 21 de junio de 1936)].

 

LA IDENTIDAD CASTELLANA DE CANTABRIA

En un exhaustivo análisis Suárez Cortina, catedrático de historia contemporánea de la Universidad de Cantabria, afirma que Cantabria es un territorio desarticulado, que “quedaba genéricamente delimitado por cinco ´grandes´ unidades político-administrativas y jurisdiccionales: Juntas de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar de Cantabria, de la provincia de los Nueve Valles, de la Merindad de Trasmiera, de la Merindad de Campoo y de la Provincia de Liébana.

 

Para Suárez Cortina “el vínculo de la provincia de Santander con Castilla fue constante a lo largo de casi dos siglos. La Cantabria preliberal constituía un mosaico de jurisdicciones y territorios de difícil acomodo, ya que en su interior se dieron dos proyectos de articulación antagónicos que solamente pudieron fundirse en el tránsito al nuevo régimen, cuando la provincia de Santander como capital dio por definitiva la unificación territorial y política bajo la hegemonía de la burguesía mercantil. El periodo postrevolucionario no hizo otra cosa que fortalecer ese marco de relaciones, ya que hasta la crisis de la década de los setenta el auge económico regional siguió vinculado a la actividad mercantil, y solamente en la crisis de fin de siglo se dio un giro productivo hacia la explotación minera e industrial, al tiempo que se desarrollaba una agricultura especializada en la producción lechera. Pero el cambio productivo no significó una liquidación del viejo orden social, y la burguesía siguió teniendo el control de gran parte de los resortes del desarrollo económico, y, sobre todo, la memoria de la prosperidad y la afinidad con los vecinos del sur seguía marcando el imaginario y la identidad de una región que asociaba su bienestar, su cultura y tradiciones al universo castellano”.

 

Siguiendo a Suárez Cortina (2006), “Esta identificación de la provincia de Santander con la cultura, historia y economía castellana hacía muy difícil la aparición de un regionalismo. Más allá de la sensibilidad literaria perediana o de la nostalgia tradicionalista o integrista de Escagedo, la mayor parte de la sociedad cántabra asociaba su pasado, sus tradiciones e intereses económicos a Castilla”. En opinión del catedrático Suárez Cortina, “Una buena muestra de que la cuestión regional no era un tema de interés prioritario para la burguesía liberal de Santander lo constata un hecho: el primer debate propiamente dicho sobre el tema regional se llevó a cabo poco después del golpe de Primo de Rivera y por iniciativa de Fuentes Pila, líder del Partido Social Popular e impulsor en Cantabria de la dictadura (…). Desde la afirmación del organicismo social, del antiliberalismo y contra la naturaleza del sistema representativo, Fuentes Pila resaltó los puntos de confrontación entre la Cantabria liberal adscrita a Castilla, y la nueva Cantabria, regenerada por la dictadura que aspiraba a su reconocimiento como entidad territorial propia independiente de la historia y la tradición castellanista del siglo precedente. Este cantabrismo nacía así con toda intención antiliberal, corporativo y ajeno a la tradición precedente del provincialismo”, resaltando su origen primorriverista.

 

Suárez Cortina (2006) afirma que con la llegada de la República en 1931 el “Estatuto regional para un Estado Cántabro-Castellano, elaborado en 1932, pero no difundido hasta después del Frente Popular. El horizonte político que vislumbra el proyecto no se orientaba hacia la consolidación de una región de Cantabria, como autonomía, sino hacia su inserción en una región castellana en la que el provincialismo de Santander encontraba adecuado acomodo. Esa tentación autonomista del federalismo montañés, en línea con su tradición secular, apostaba por Castilla como uno de los Estados de la España federal, legitimado por la historia y por los intereses materiales que nutrían las bases sociales del federalismo”.

 

En otro trabajo anterior Suárez Cortina (1994) resalta que “No debe pensarse que el castellanismo fue una concepción exclusiva del tradicionalismo montañés. Las distintas formulaciones regionalistas que se desarrollaron por parte del federalismo en la región también potenciaron el componente castellanista. Así sucedió a lo largo de las dos experiencias republicanas. En la primera, el federalismo planteó la formación de un Estado castellano que incluyó a Santander; en la segunda las aspiraciones autonomistas del federalismo santanderino no se orientaron a un estatuto regional para la provincia de Santander, sino el Cantón Regional Cántabro-Castellano”.

 

Por su parte, el antropólogo Antonio Montesino, estudioso de la etnografía y el folklore de Cantabria, afirma que en la actualidad “Algunos sectores de la sociedad cántabra, empeñados en la operación de rescate identitario, se obstinan en considerar la actual conciencia regional, cualquiera que sea su intensidad, como un hecho histórico realmente existente, y legitimable, con anterioridad a la transición política. Para ello incurren, una y otra vez, en un juego de astucias consistente en retrotraer caprichosamente el sentimiento de pertenencia a distintas épocas de la historia, según convenga a sus delirios historicistas”. Según Montesino (2000), la legitimación historicista de la autonomía regional de Cantabria se resume en un patrón de creación de mitos. Entre ellos, como que la primitiva etnia cántabra formaba parte de una nación indómita, invicta e independiente, dotada de fronteras propias y de unidad política con conciencia “superior” de nacionalidad, o como que Cantabria siempre ha poseído una cultura propia y ha mantenido su independencia respecto a la región castellana, valiéndose de instituciones de integración político-territorial propias.

 

LA ASOCIACIÓN DE ESCRITORES REGIONALISTAS CASTELLANOS

El 29 de mayo de 1936, el diario santanderino La Región, órgano vespertino de las izquierdas, informó sobre la celebración de una asamblea en la que quedó constituida la Asociación de Escritores Regionalistas Castellanos con sede en Madrid. A la reunión asistieron destacados escritores y representantes, quienes aprobaron los estatutos de la nueva entidad, concebida para promover los valores culturales de Castilla y contribuir a la formación de una conciencia regionalista castellanoleonesa. La junta directiva quedó presidida por Gregorio Fernández Díez, acompañado por Manuel de la Parra y de la Cruz como vicepresidente, Albino Sanz como secretario general, Nicomedes Sanz y Ruiz de la Peña como vicesecretario, Carlos Alonso Sánchez como tesorero, Fausto González Hermosa como representante de Castilla la Nueva, Felipe de las Heras como vocal de Castilla la Vieja y José Antonio G. Santalices como vocal por León. La Asociación acordó desarrollar una labor de propaganda oral y escrita, participar en manifestaciones culturales, económicas y artísticas —siempre que no fueran políticas— y apoyar toda iniciativa que beneficiara a Castilla como región y como parte integrante de España. Asimismo, se decidió iniciar los trabajos para la creación de una revista que sirviera como órgano de expresión de la Asociación. La asamblea se cerró en un ambiente de gran entusiasmo (La Región, 29 de mayo de 1936). 

 

En un comunicado la Asociación de Escritores Regionalistas Castellanos expresó el compromiso de sus miembros con la defensa de la identidad cultural y regional de Castilla. La Asociación, integrada por personas que aman su tierra natal, estudian su historia y folklore, y aspiran a un futuro mejor para la región, consideraba un deber indeclinable que todos los castellanos compartieran ese sentimiento regionalista. En ese sentido, manifestaban su apoyo a la consecución de un Estatuto para Castilla, que debía alcanzarse mediante la unión de los nativos de las dos Castillas y León, y con las máximas garantías. La Asociación se declaraba fundamentalmente castellanista e invitaba a todas las entidades culturales y económicas, a los municipios, diputaciones y diputados a Cortes de las provincias castellanas, a sumar esfuerzos en favor de la autonomía regional en los ámbitos económico, administrativo, social y cultural. El comunicado fechado en Madrid saludaba a las organizaciones similares de otras regiones españolas, deseando que todas ellas, al igual que Castilla, alcanzaran su autonomía (El Diario de Ávila, 18 de junio de 1936).

 

PLURALIDAD DE VISIONES ANTE EL ESTATUTO

Desde ciertos sectores intelectuales y políticos, especialmente en el ámbito del regionalismo castellano, se concebía en 1936 la posibilidad de un Estatuto para el conjunto de Castilla —incluyendo Castilla la Vieja, Castilla la Nueva y el antiguo Reino de León— como una vía para recuperar su personalidad histórica, económica y administrativa. En este contexto, el 29 de mayo de 1936 El Diario Palentino publicó el artículo “Pick enjuicia el Estatuto de Castilla”, en el que se defendía una visión pragmática del proyecto estatutario. El autor advertía que no debía buscarse una reconstrucción histórica literal, sino una región autónoma basada en afinidades económicas y funcionales. Proponía como eje del Estatuto la línea férrea Madrid-Burgos-Santander, alrededor de la cual podrían articularse comarcas con vida propia y potencial de desarrollo. Madrid debía formar parte de la región por su papel como principal mercado, mientras que Santander sería su puerto natural, conectado por un trazado ferroviario moderno. El autor insistía en que el Estatuto debía construirse sobre intereses solidarios entre las distintas zonas, y que su éxito dependería de una acción conjunta, no de partidos ni clases sociales. Criticaba el papel del centralismo en el empobrecimiento de Castilla y apelaba a una redención regional a través del nuevo marco autonómico (El Diario Palentino, 29 de mayo de 1936).

 

Esta propuesta fue comentada por Vicente de Pereda en su artículo “Terapéutica”, donde retomaba la idea de que el Estatuto debía abarcar las dieciséis provincias históricas: las seis de Castilla la Vieja (Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia y Ávila), las cinco de Castilla la Nueva (Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara) y las cinco del antiguo Reino de León (León, Palencia, Salamanca, Zamora y Valladolid). Aunque expresaba reservas sobre el momento político para emprender procesos autonómicos, y advertía que las autonomías podían derivar en separación, reconocía que se alegraría sinceramente si sus vaticinios resultaban erróneos y el proyecto de Pick tuviera éxito (La Voz de Cantabria, 2 de junio de 1936).

 

El 30 de mayo de 1936 La Tarde, diario próximo a UGT y al PSOE, publicó el artículo “El Estatuto Castellano-Leonés”, firmado por Estanislao Luis (con toda probabilidad el toresano Estanislao Luis Hernáez). En su texto expresaba su apoyo al “Estatuto de Castilla”, que también denominaba “de la Región Leonesa o Castellano-Leonés”, pero lo hacía desde una posición crítica hacia el autonomismo sobrevenido de ciertos sectores conservadores como la CEDA. Señalaba que quienes ahora defendían el Estatuto castellano habían sido los mismos que atacaron el catalán durante el bienio negro, revirtiendo competencias y anulando el régimen autonómico en Cataluña.

 

Para Estanislao Luis Hernáez, este giro estatutista de las derechas respondía al intento de salvar sus privilegios tras el triunfo del Frente Popular el 16 de febrero. El autor advertía que las provincias que integran las Castillas y León —León, Zamora, Palencia, Segovia, Soria, Burgos, Ávila, entre otras— eran bastiones del caciquismo, y que establecer allí un régimen autonómico sin haberlo erradicado previamente solo serviría para reforzar la reacción y dificultar la lucha por la justicia social. Aunque se declaraba partidario de los estatutos regionales, insistía en que debían surgir de un verdadero espíritu autonomista y no como instrumento de control por parte de las élites locales. En este sentido, reivindicaba no solo el derecho a la autonomía, sino también su adhesión a una Confederación de Repúblicas Ibéricas, que incluyera todos los territorios peninsulares.

 

Estanislao Luis Hernáez rechazaba la idea de que el Estatuto castellano fuera una expresión legítima de descentralización, y lo interpretaba más bien como una maniobra de las “aves de rapiña” que buscaban refugio en regiones donde podían seguir ejerciendo su dominio. Por ello, formulaba reservas sobre el momento y las intenciones del proyecto, y advertía al Frente Popular del riesgo de que, si prosperaba bajo control caciquil, los hombres de izquierda se vieran obligados a abandonar una región que ya no les permitiría vivir en libertad (La Tarde, 30 de mayo de 1936).

 

[NOTA: Como apunta Ruíz González (2011) Estanislao Luis Hernáez ´Tanis´ fue un histórico republicano natural de la localidad zamorana de Toro y maestro en la localidad sanabresa de San Miguel de Lomba. Socio fundador de la APEZ-FUE y miembro de la Asociación del Magisterio de Zamora, Justicia y Caridad -Socorros Mutuos-. Fue encarcelado en Toro, donde estaba pasando el verano en casa de sus padres y conducido para ser asesinado por fuerzas de Falange. Fue ayudado a escapar del camión y escondido durante varios días en una bodega de Toro, logrando pasar a zona republicana en la que llegó a ser Comisario Político del PCE. Al finalizar la guerra pasó a Francia y se exilió en Inglaterra. Sobre él recayó la mayor sanción del partido judicial de Toro con la pérdida total de bienes y la inhabilitación para cargos públicos durante 15 años].

 

El 4 de junio de 1936, el diario La Libertad publicó bajo el título “El Estatuto Castellano” las declaraciones realizadas en el Congreso por Benito Artigas Arpón, diputado republicano por Soria, en defensa de un Estatuto para Castilla la Vieja, excluyendo expresamente a León. Artigas Arpón criticó a quienes promovían un Estatuto conjunto para Castilla y León, acusándolos de buscar más el control político sobre ambas regiones que el desarrollo de una verdadera autonomía. Reivindicó que Castilla la Vieja tenía derecho a su propio Estatuto, pero no bajo el modelo impulsado por los “iniciadores del leonéscastellano”.

 

El diputado Benito Artigas insistió en la necesidad de delimitar con claridad el contorno de Castilla, tarea que debía ser asumida por los elementos intelectuales y políticos de la región. Señaló que ya existía un proyecto de Estatuto segoviano y se mostró dispuesto a promover la colaboración necesaria para redactar un Estatuto castellano auténtico. Afirmó que, si se lograba, este sería una pieza político-económica perfectamente integrable en la Constitución de la República, y que Castilla seguiría siendo, por excelencia, la región animadora del Estado español (La Libertad, 4 de junio de 1936).

 

Julián de Torresano, en su artículo “Castilla y León” (El Adelantado de Segovia, 8 de junio de 1936) criticaba la confusión generada en torno al proyecto de Estatuto de Castilla, especialmente por parte de figuras públicas que, según él, desconocían profundamente la realidad regional. Lamentaba que, apenas comenzada la difusión de una idea que él y otros pocos escritores venían defendiendo desde hacía años, surgieran opiniones disparatadas sobre la identidad de las dos Castillas y de Castilla y León, muchas de ellas basadas en nociones elementales y superficiales.

 

Torresano denunciaba que en Castilla abundaban los intelectuales, pero no existía una verdadera intelectualidad castellana, es decir, una conciencia cultural regional. Rechazaba la idea de que Castilla y León fueran entidades étnicas distintas, y cuestionaba qué diferencias reales podían esgrimirse entre ambas: ni el idioma, ni la historia, ni la raza justificaban tal separación. Como ejemplo, recordaba que el periódico más importante de la llamada región leonesa se titulaba El Norte de Castilla, y que en Valladolid —considerada parte de León por algunos— se habían producido hechos clave de la revuelta comunera de Castilla. Afirmaba que Castilla, con más de cien mil kilómetros cuadrados, era una verdadera nación, y que, como en cualquier país extenso, era natural que existieran matices regionales. Comparaba esta situación con Navarra, que, siendo mucho más pequeña, también presentaba diferencias internas sin que nadie propusiera dividirla. Concluía que lo más preocupante no era la ignorancia de algunos opinadores, sino que sus declaraciones daban la impresión de que en Castilla no existía una opinión unánime ni una conciencia colectiva sobre su propia identidad regional.

 

El diario El Cantábrico se felicitaba de que “Ya tenemos dos proyectos de Estatuto. El del Estatuto Castellano-Leonés y el del Estatuto Cántabro-Castellano. En este, se ha estudiado la más trascendental de las cuestiones. La que se relaciona con la hacienda de la región autónoma” (El Cantábrico, 30 de junio de 1936).

 

El 2 de julio de 1936, el diario El Cantábrico publicó un artículo editorial titulado “La autonomía castellana. El Estatuto de Castilla no es una cuestión política”, en el que se defendía que el proyecto de autonomía para Castilla debía entenderse como una reivindicación regional legítima, ajena a intereses partidistas. El texto respondía a acusaciones aparecidas en la prensa izquierdista madrileña que vinculaban el autonomismo castellano con la derecha, afirmando que en Santander esa asociación no era cierta, ya que el único proyecto autonomista impulsado con entusiasmo era el Estatuto Cántabro-Castellano, promovido por el Partido Republicano Federal. Se denunciaba que desde Madrid se intentaba politizar una cuestión que debía ser abordada desde el castellanismo, no desde el partidismo (El Cantábrico, 2 de julio de 1936).

 

Pocos días después, el 10 de julio de 1936, El Día de Palencia publicó el artículo “La autonomía de Castilla” de Gregorio Fernández Díez, quien recordaba que durante el debate parlamentario sobre el Estatuto de Cataluña, él y otros castellanistas como Julián de Torresano, Misael Bañuelos y el propio Carlos Alonso habían defendido desde El Norte de Castilla la necesidad de una autonomía para Castilla. Fernández Díez aclaraba que no se oponían al derecho de Cataluña a autogobernarse, sino a que ese modelo no se extendiera al resto de regiones. Reivindicaba que Castilla también tenía una personalidad regional que merecía reconocimiento, y que la generalización del sistema autonómico había sido defendida incluso por figuras como José Ortega y Gasset en el propio Parlamento (El Día de Palencia, 10 de julio de 1936).

 

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