Estos fallos obligan al Consistorio a “valorar los puestos de trabajo de acuerdo con la legalidad”, según este sindicato, que advierte de que “mientras continúe ignorando al Juzgado Contencioso-Administrativo y retrasando la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) seguirá habiendo denuncias y sentencias favorables a los trabajadores”.

Ahora se han producido nuevas sentencias en este sentido, afectando a trabajadoras de los Servicios Sociales. Los fallos declaran que la RPT de 2001, por la que se rige el Consistorio, "está desfasada, no se ajusta a los criterios legales de valoración y no recoge el importante incremento de funciones y responsabilidades asumidas, en este caso, en materia de servicios sociales desde hace más de dos décadas".

Comisiones Obreras insiste en que “no es un caso aislado, sino el reflejo de un problema estructural que afecta al conjunto de la plantilla municipal” y, en este caso, a las trabajadoras de los Servicios Sociales, que ya acumulan doce sentencias favorables, y “aún faltan más por resolverse”.

Según este sindicato, el Juzgado Contencioso-Administrativo de Ávila constata que el Ayuntamiento “sí ha utilizado” la valoración de puestos de trabajo realizada en 2019 por la empresa especializada Nutco, para “mejorar la situación retributiva de, al menos, quince funcionarios, mientras que mantiene a otros profesionales con criterios de valoración de sus puestos de trabajo de hace 23 años”.

7.200 euros para las arcas municipales

Esta circunstancia “vulnera el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución y supone un trato desigual para el conjunto de la plantilla municipal”, afirma CCOO, antes de añadir que este comportamiento “evidencia una política de recursos humanos arbitraria y discriminatoria, impulsada por el equipo de gobierno, cuyo responsable último es el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera”.

La Sección Sindical de este sindicato señala que las últimas sentencias conocidas, como las anteriores en esta materia, obligan al Consistorio a "practicar una nueva valoración del puesto de trabajo, con criterios objetivos y ajustados a la ley, y a abonar los atrasos económicos desde el 1 de enero de 2021, más los intereses legales".

Además, se condena en costas al Ayuntamiento a razón de 600 euros por sentencia, lo que supone un total de 7.200 euros para las arcas municipales. Para CCOO se trata de “un dinero que el Ayuntamiento gasta de los impuestos de los abulenses, por una errática política de Recursos Humanos, una gestión deficiente y su negativa reiterada a resolver correctamente las injustas condiciones que sufre la plantilla municipal”.

El sindicato insiste en que “mientras el Consistorio continúe ignorando las sentencias favorables a las demandas de los trabajadores, y retrasando, intencionadamente, la actualización global de la RPT, se seguirán generando nuevos litigios, nuevas condenas y nuevos pagos en costas de procedimiento con dinero público".