Según la organización, estas condiciones vulneran derechos laborales básicos y suponen un incumplimiento reiterado de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo. En Castilla y León existen 90 oficinas comarcales que sirven como base operativa para los agentes medioambientales. Tras un inventario realizado por el colectivo, las deficiencias estructurales, de equipamiento y de habitabilidad son generalizadas.

"Se vulneran los principios fundamentales que atañen a la dignidad de los trabajadores", afirma el sindicato, que también recuerda que lleva casi dos décadas sin cumplirse el acuerdo firmado el 21 de junio de 2007 entre la Junta y los sindicatos, que preveía la adecuación progresiva de estos centros.

Carencias graves
La situación en la provincia de Ávila, según el sindicato, es especialmente preocupante. En sus diez oficinas comarcales, se constata una serie de carencias graves y sostenidas en el tiempo ya que el cien por cien de las oficinas incumplen los metros cuadrados  mínimos requeridos por ratio para el personal que las ocupa; en el 80% de los casos, la propiedad de las oficinas corresponde a ayuntamientos o a alquileres particulares, lo que dificulta cualquier inversión estructural, mientras la Junta permite que casas forestales propias queden en ruina.

También el 80% de las oficinas carece de vehículos adecuados para el servicio, y los pocos disponibles están "en condiciones lamentables"; mientras que el 90% no cuenta con aire acondicionado, incumpliendo los límites legales de temperatura en interiores durante los meses de verano.

Además, en el 90% de las oficinas no hay vestuarios y el 80% carece de duchas; en las dos oficinas restantes, una de las duchas solo tiene agua fría; y el 70% no dispone de espacio de almacenaje adecuado, ni para muestras ni para materiales, como tampoco para elementos en custodia. Un 70% de las oficinas no cuenta con arcón congelador, necesario para conservar muestras relacionadas con decomisos o atestados, tal y como establece la normativa vigente.

Soluciones
Ante esta situación, el sindicato propone tres medidas principales para revertir el deterioro de las oficinas comarcales, como es la inversión directa autonómica con dotación presupuestaria específica, orientada a la adecuación integral de todas las oficinas comarcales conforme a la normativa vigente. Como alternativa o complemento, proponen reorganizar territorialmente el mapa de oficinas, con el fin de optimizar recursos, concentrar servicios en instalaciones adecuadas y garantizar el acceso del personal a espacios seguros, además de que se garantice la participación del personal funcionario en el diseño, priorización y seguimiento de las actuaciones de mejora.

El sindicato subraya que no se trata de una petición nueva, sino de una reivindicación histórica que lleva 19 años sin ser atendida, pese a estar amparada por un acuerdo firmado entre la propia Junta y los representantes sindicales.

Según destaca Apamcyl, las oficinas comarcales no solo son los centros de trabajo de los agentes medioambientales, sino que también constituyen infraestructuras esenciales para la protección del medio natural en Castilla y León, ya que “el mal estado de estas instalaciones repercute directamente en la eficacia de la labor de vigilancia, control y protección de los ecosistemas”.

"Estamos ante un problema estructural, que exige soluciones políticas y presupuestarias inmediatas", insisten, mientras apelan al cumplimiento de las obligaciones legales que la propia Junta está incumpliendo.