Tras un mes de funcionamiento, el balance es negativo: falta de personal, nuevas tareas sin formación adecuada, aplicaciones informáticas inestables y condiciones laborales que podrían incumplir la normativa vigente. "Desde UGT Justicia se denuncia la caótica situación de las nuevas estructuras de personal que prestan servicio a las autoridades judiciales", según Carlos García, delegado del sindicato en la Junta de Personal.

La reestructuración ha implicado la reasignación de funciones a todo el personal de los cuerpos funcionariales y letrados, lo que, según UGT, supondrá una ralentización del sistema judicial durante meses. A ello se suma la imposición de nuevas herramientas tecnológicas sin cobertura técnica suficiente. Se ha eliminado el uso de la aplicación Minerva y se ha impuesto Atenea, que no cuenta con el soporte necesario.

"Los ordenadores se colapsan, las líneas se caen, los teléfonos no funcionan…", denuncia el sindicato, y añade que las aplicaciones aún no están completamente adaptadas a las reformas legales introducidas hace un año.
UGT también critica la dispersión tecnológica. Además de Atenea, el personal debe utilizar herramientas como Acceda, Siraj, Escace, Punto Neutro, Dicireg, Inforeg, eFidelius, Horus, Ainoa y Agenda. "No siempre están coordinadas entre sí ni con las aplicaciones de otras comunidades autónomas", lo que provoca disfunciones diarias.

Sin formación ni adaptación:
El Ministerio de Justicia no ha previsto formación presencial para los nuevos puestos ni para el uso de las aplicaciones. "La adaptación al nuevo puesto de trabajo consistió en… 'esto es lo nuevo que tienes que hacer', desde el día 1 de enero", subraya el delegado sindical.

La única formación disponible son vídeos descargables y manuales en PDF, y desde junio de 2025, cuando expiró el contrato con la empresa encargada de impartir formación continua, no se ha renovado ese servicio.ç

UGT denuncia también la insuficiencia de personal. El ministerio no comenzó a nombrar personal interino hasta el 12 de enero y las plantillas siguen siendo escasas. El Registro Civil de Ávila, por ejemplo, ha pasado de cinco a cuatro personas, varias sin experiencia previa.

Personal

La situación es aún más crítica en el ámbito del personal laboral. Desde hace un año, solo existe un equipo técnico de menores en la provincia, cuando deberían existir dos. Este equipo se ve forzado incluso a cubrir necesidades en Segovia, también afectada por la falta de recursos. "Se intenta que personal del único equipo existente en la provincia, dé asistencia al equipo de la provincia de Segovia", lamenta el delegado sindical.

UGT también ha solicitado una nueva evaluación de riesgos laborales, ya que la realizada en 2024 aún no ha sido publicada, y el sindicato denuncia que muchas ubicaciones actuales no cumplen la normativa. Además, el plan de evacuación es obsoleto: fue instaurado en 2015, y desde entonces se han producido cambios en la plantilla, en la estructura del edificio y en los juzgados. "No hay señalización correcta de evacuación; las personas encargadas ya no trabajan en el edificio", advierten.

Según el sindicato, la falta de instrucciones claras, personal suficiente y coordinación tecnológica está provocando un colapso informativo dentro de la Administración de Justicia. "Los administrados que acuden pidiendo auxilio a los Juzgados se van a encontrar con que nadie le puede explicar dónde están los procedimientos, en qué estado está su asunto", ha lamentado el delegado sindical.

Fracaso

UGT sostiene que el objetivo de aligerar y acelerar la Justicia está fracasando y vaticina que “la situación irá a peor” y que “lo o triste es que el ciudadano ya no espera diligencia en la Justicia, simplemente espera, con resignación". "Si la intención era la de ahorrar dinero, será a costa de una peor administración de justicia a las ciudadanas y ciudadanos. Una injusticia", crítica.

También destaca que el ministerio ha anunciado la creación de 500 nuevas plazas judiciales, de las que ninguna se destinará a Ávila. Tampoco se han creado nuevas plazas para el personal de apoyo. UGT calcula que por cada juez o magistrado se necesitan al menos ocho funcionarios de otras categorías.

Desde la sección sindical se han solicitado reuniones con responsables del ministerio para exigir una adecuación proporcional de las plantillas, un estudio de las cargas de trabajo, instrucciones homogéneas para el personal y cumplimiento estricto de la normativa laboral.

“El Ministerio de Justicia debe actuar con urgencia. No se puede construir una justicia eficiente sin dotarla de recursos humanos, tecnológicos y organizativos adecuados”, reclama Carlos García, delegado de UGT en la Junta de Personal de la Administración de Justicia en Ávila.