Según Kamelia Rosanova, presidenta del recién creado Sindicato de Inquilinos e Inquilinas, la provincia es la que más ha visto subir el alquiler en toda Castilla y León, dificultando el acceso a una vivienda tanto para jóvenes como para mayores.

Uno de los problemas más acuciantes es la situación con la SAREB, el conocido “banco malo” que gestiona inmuebles de titularidad estatal. En Ávila, varias viviendas gestionados por esta entidad y ubicadas en la calle Derechos Humanos, presentan un riesgo inminente de desahucio para más de veinte familias, tras el vencimiento de la moratoria y la posible disolución de la SAREB en los próximos meses. 

“Nos preocupa quién se quedará con esos pisos y qué ocurrirá con las familias”, ha alertado Rosanova, que denuncia además deudas acumuladas de hasta cinco años en viviendas sociales que la Junta no ha pagado a los arrendadores. 

A esta compleja realidad se suman prácticas abusivas por parte de algunas inmobiliarias locales. Rosanova ha explicado que se están detectando contratos en los que se cobran gastos de gestión a los inquilinos, algo prohibido desde 2023, y que se están transformando en contratos temporales para eludir la ley. 

Además, la escasez de vivienda disponible se ve agravada por la presencia de opositores que acuden a preparar su formación a la ciudad en la que se ubica la Escuela Nacional de Policía, la influencia de la vivienda turística y el uso de Ávila como ciudad dormitorio, lo que termina desplazando a las familias residentes de toda la vida.

Y es que se da la circunstancia de que muchos propietarios solo arrendan sus viviendas a opositores como garantía de seguridad. 

"Aquí también ocurre"

Ante esta situación, este viernes se ha presentado oficialmente el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Ávila. La iniciativa pretende dar voz a los afectados, organizarse y exigir responsabilidades tanto a la Junta como al Ayuntamiento: “Queremos que se sepa que aquí también ocurre, que necesitamos unirnos y pedir soluciones”, ha explicado Rosanova.

El sindicato está formado, hasta el momento, por un grupo motor de tres personas, respaldado por colaboradores que participan de manera intermitente. Su primer objetivo es legalizar formalmente la organización para poder afiliar a inquilinos y ofrecerles asistencia ante desahucios, abusos de inmobiliarias o problemas con la vivienda social. Además, trabajan en la recopilación de casos y en la difusión pública de la problemática para generar presión institucional.

Las acciones del sindicato incluirán la defensa de familias en riesgo de desahucio, la denuncia de contratos abusivos, la negociación con las administraciones y la visibilización de las carencias en vivienda social.