La protesta, convocada por la Alianza UPA-COAG, Asaja y UCCL, arrancará a las 11 horas desde la plaza de San Vicente y culminará frente a la Subdelegación del Gobierno, en una movilización que se enmarca en una oleada de protestas del sector primario que se extiende por toda España.

Las organizaciones convocantes denuncian que el actual modelo de relaciones comerciales internacionales, la presión burocrática creciente y el desequilibrio entre costes de producción y precios en origen están llevando al límite a miles de explotaciones agrarias, muchas de ellas en la provincia de Ávila.

Uno de los principales motivos de esta movilización es el rechazo frontal al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. “La entrada de productos agrícolas y ganaderos procedentes de terceros países, producidos bajo normas sanitarias, fitosanitarias, laborales y medioambientales mucho más laxas que las exigidas en Europa, supone una competencia desleal inasumible”, denuncian las organizaciones agrarias, que advierten que esta situación “no es libre comercio sino poner en riesgo la viabilidad del campo europeo y la seguridad alimentaria de los consumidores”.

El sector no se opone a los acuerdos comerciales per se, pero exige condiciones justas. “Sí a los acuerdos, pero con condiciones justas”, afirman, señalando como ejemplo positivo el reciente pacto comercial con India, que “demuestra que otra política comercial es posible cuando se escuchan las demandas del sector”.

Menos burocracia
Entre las principales reivindicaciones del sector figura la necesidad de aplicar el principio de reciprocidad en las importaciones y reforzar los controles en frontera. “No es aceptable que se prohíban sustancias y prácticas a los productores europeos mientras se permiten en productos importados. Las mismas reglas deben aplicarse a todos, con controles reales, no simbólicos”, reclaman.

Asimismo, denuncian una burocracia asfixiante que obliga al agricultor a “pasar más tiempo entre papeles que en el campo”, con normativas complejas, cambiantes y desconectadas de la realidad productiva. Exigen una simplificación normativa y mayor sentido común en la gestión pública agraria.

En el plano económico, los convocantes alertan de que el incremento de los costes de producción (energía, fertilizantes, fitosanitarios, piensos o mano de obra) ha alcanzado niveles insostenibles. “No se puede hablar de sostenibilidad ni de futuro si no hay rentabilidad”, advierten.

Fauna salvaje y sanidad animal
Las organizaciones agrarias también reclaman un presupuesto agrícola estable dentro del Marco Financiero Plurianual de la UE. Rechazan la actual propuesta de la Política Agraria Común (PAC) 2027-2033 por considerar que “no prioriza ni al agricultor ni al ganadero profesional” y defienden los dos pilares actuales de la PAC: ayudas directas y desarrollo rural.

Otra de las líneas rojas es la sanidad animal. Denuncian que Europa impone altos estándares a sus ganaderos mientras permite la entrada de productos o animales de países con exigencias menores. “La sanidad animal no es negociable”, afirman.

Además, reclaman inversiones para modernizar las explotaciones y medidas frente a los daños provocados por la fauna salvaje, especialmente por el lobo, los jabalíes y las plagas de conejos. Según datos de las organizaciones agrarias, las pérdidas causadas por el lobo ascienden a más de diez millones de euros en Castilla y León, de los cuales más de tres millones corresponden solo a la provincia de Ávila.

Los convocantes subrayan que estas movilizaciones no son “un gesto contra Europa ni contra el comercio internacional”, sino “una llamada firme, clara y legítima” para exigir que no se legisle “de espaldas a agricultores y ganaderos”. “No pedimos privilegios, sino coherencia, reciprocidad y que Europa escuche al campo, porque sin agricultores y ganaderos no hay soberanía alimentaria, no hay mundo rural y no hay futuro”, concluyen.