En clave autonómica, Arribas ha vinculado el próximo ciclo electoral a un relevo político tras décadas de gobiernos del Partido Popular. “Vamos a decir adiós a Mañueco y vamos a decir hola a Carlos Martínez” porque “es el momento en el que la Junta de Castilla y León dé un cambio radical tras 40 años de políticas del Partido Popular” “Nada más hay que ver cómo está nuestra Comunidad y cómo está nuestra provincia”, ha afirmado.

El diputado ha criticado la gestión de los servicios públicos y las infraestructuras dependientes de la Junta, especialmente en el ámbito sanitario: “Aquí hemos visto que hemos tenido acelerador lineal para que los enfermos del cáncer puedan tratarse cuando el Gobierno de España ha puesto el dinero encima de la mesa”.

También se ha referido a los incendios del verano “por culpa del PP, que no ha mantenido el operativo activo durante todo el año”, ha asegurado, antes de reprochar que los populares centren su discurso “en el tren, las autopistas y en las autovías”, mientras el estado de la red de carreteras de la Junta “no es el mejor”.

El parlamentario ha puesto el foco en proyectos sanitarios pendientes, y ha reclamado el hospital del Valle del Tiétar: en Madrigal “llevan desde el año 2021 reclamando su consultorio médico”, que “no va a estar terminado en el año 2027”. Sobre Arévalo, ha denunciado que “no se mueve una sola piedra” en la segunda fase de la reforma del centro de salud, lo que, a su juicio, volverá a generar “el malestar de los vecinos y vecinas”.

Mano de obra
Por otro lado, ha respaldado la regularización de inmigrantes aprobada por el Consejo de Ministros, enmarcándola en las necesidades económicas y laborales: “Necesitamos esa mano de obra en nuestra tierra. Lo decía ayer un agricultor. No encuentran gente para trabajar en la fresa”.

Según el diputado socialista, la medida permitirá que personas que ya trabajan en España puedan hacerlo en condiciones legales, “puedan cotizar a la Seguridad Social y acogerse a los derechos de los trabajadores”, a la vez que ha advertido de las consecuencias de la contratación irregular, en las que los empleados “no pueden reclamar ni uno de sus derechos y muchas veces ven mermadas su calidad de trabajo y su calidad de vida laboral”.

El diputado ha rechazado los argumentos de Vox, que califican la regularización como un “efecto llamada”. “No es un ataque directo a los españoles” porque “esos ciudadanos ya están en España, ya trabajan y muchos de ellos conviven con nosotros a diario”. En este sentido, ha insistido en que se trata de personas que “la mayoría de ellos trabajan,  cotizan” y que tienen “hijos e hijas ya en nuestro país”.

Reproche al PP

Por otra parte, el diputado ha criticado que el PP votase en el Congreso a la revalorización de las pensiones y “diese la espalda a los 40.031 pensionistas abulenses”.  A su juicio, esta decisión afecta directamente al poder adquisitivo de los mayores. “Los pensionistas -ha dicho han podido cobrar esa subida en el mes de enero, pero ahora mismo queda en el aire que durante el mes de febrero puedan llegar a solucionar este entuerto”, ha afirmado, subrayando que “40.321 personas van a tener que esperar a que los parlamentarios del Partido Popular decidan si actúan con responsabilidad”.

El diputado socialista ha cuestionado los argumentos del PP, que justificó su voto por la inclusión de otras medidas en el decreto, citando medidas como “la ampliación del bono social” o las dirigidas “a los afectados de la dana, de los agricultores y de los autónomos”.

Además, ha vinculado el voto en contra a la negativa a revisar la edad de jubilación de agentes medioambientales y bomberos forestales. “Una vez más, el Partido Popular vuelve a dar la espalda a un colectivo del que solo se acuerdan cuando hay incendios”, ha afirmado. Y ha reclamado una “rectificación inmediata” del PP para que “vote a favor de las pensiones”, ha concluido, citando los incrementos previstos del 2,7%, del 7% para las mínimas y del 11,4 % para las no contributivas.