Esta postura se alinea con la manifestada por la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española.

"Celebramos el anuncio de un proceso que lleve a la regularización extraordinaria de personas migrantes", han subrayado, al considerar que se trata de "un acto de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de nuestro país aún a costa de mantenerles en situación irregular".

Las entidades eclesiales señalan que esta regularización no es un sustituto, sino un "complemento imprescindible al Reglamento de Extranjería", dado que muchas personas quedan fuera de las vías ordinarias. Aunque reconocen los avances del actual reglamento (RD 1155/2024), vigente desde mayo de 2025, alertan de que "sufre ajustes frecuentes y adolece de algunas lagunas" que justifican una reforma en profundidad.

Por ello, han solicitado "que se incorpore, como se ha hecho con anterioridad, una disposición transitoria que permita una regularización extraordinaria". Esta petición nace de una constatación directa: muchas de las personas acompañadas por estas organizaciones eclesiales no pueden acceder a los mecanismos actuales debido a su especial vulnerabilidad.

Colectivos excluidos
Entre los grupos que quedan fuera del reglamento actual se encuentran personas sin posibilidad de acreditar los dos años de permanencia exigidos, indocumentadas, con difícil empleabilidad por razones de edad, discapacidad, sinhogarismo o enfermedad, y trabajadores sin contrato formal previo por trabas administrativas. A ellos se suman solicitantes de protección internacional cuya demanda ha sido denegada y familias con menores en situación irregular, que "aun cumpliendo requisitos, no podrán ser regularizadas". Las entidades denuncian que estos vacíos legales perpetúan la exclusión social y vulneran los derechos fundamentales.

El apoyo a esta causa, recuerdan, ha sido masivo. Desde 2023, las entidades eclesiales han promovido un proceso participativo que logró reunir más de 600.000 firmas para la tramitación de la iniciativa legislativa popular (ILP) por la regularización. En el camino, han contado con el respaldo de más de 900 organizaciones de diversa índole y han mantenido reuniones con representantes políticos y sociales para visibilizar esta situación.

"Existe una relación innegable entre irregularidad administrativa y exclusión social", afirman desde el secretariado, apoyándose en el trabajo cotidiano de acompañamiento que desarrollan en Ávila y otras provincias.

Y citan el IX Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social, casi nueve millones de personas migrantes residen en España. De ellas, un 68% se encuentra en situación de exclusión social como consecuencia directa de su irregularidad administrativa.

También subrayan que Cáritas indica que el 47% de las personas acompañadas por la organización en 2024 no tenía regularizada su situación. Esta cifra representa aproximadamente a 550.000 personas, y ha experimentado un crecimiento sostenido desde 2019. El 9 de abril de 2024, el Congreso de los Diputados aprobó la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular. Las entidades eclesiales destacan "la inmensa labor de diálogo que se ha llevado a cabo" y señalan que "esta regularización extraordinaria ha sido demandada por amplios sectores de la sociedad por ser una medida de responsabilidad política, ética y social”.