La investigación ha sido desarrollada por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras tras recibir varias denuncias de víctimas que relataron haber entregado entre 3.000 y 5.000 euros a la arrestada. El dinero iba destinado a supuestas gestiones relacionadas con su situación administrativa en España, como renovaciones de permisos de residencia o procesos de reagrupación familiar.

La detenida, que carecía de cualquier tipo de titulación o acreditación profesional, se presentaba como abogada especializada y captaba a sus víctimas entre colectivos de inmigrantes, aprovechándose tanto de su confianza como de su desconocimiento de los procedimientos oficiales. En realidad carecía de cualquier tipo de titulación o acreditación profesional.

Todas las personas afectadas se encontraban en situación administrativa regular en España cuando recurrieron a esta mujer con la esperanza de agilizar o asegurar sus trámites migratorios. Ninguno de los expedientes prometidos fue gestionado.

Desde la Policía Nacional se ha recordado que los trámites relacionados con Extranjería deben llevarse a cabo exclusivamente a través de los canales oficiales, como las sedes del Ministerio del Interior o las subdelegaciones del Gobierno. "Se recomienda desconfiar de intermediarios no acreditados, especialmente de aquellos que soliciten pagos por adelantado", advierten desde la Comisaria.

La investigación continúa abierta y no se descarta que puedan aparecer nuevas víctimas que hayan sido objeto de estafas similares en la provincia.