La investigación ha sido desarrollada por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras tras recibir varias denuncias de víctimas que relataron haber entregado entre 3.000 y 5.000 euros a la arrestada. El dinero iba destinado a supuestas gestiones relacionadas con su situación administrativa en España, como renovaciones de permisos de residencia o procesos de reagrupación familiar.
La detenida, que carecía de cualquier tipo de titulación o acreditación profesional, se presentaba como abogada especializada y captaba a sus víctimas entre colectivos de inmigrantes, aprovechándose tanto de su confianza como de su desconocimiento de los procedimientos oficiales. En realidad carecía de cualquier tipo de titulación o acreditación profesional.
Todas las personas afectadas se encontraban en situación administrativa regular en España cuando recurrieron a esta mujer con la esperanza de agilizar o asegurar sus trámites migratorios. Ninguno de los expedientes prometidos fue gestionado.
Desde la Policía Nacional se ha recordado que los trámites relacionados con Extranjería deben llevarse a cabo exclusivamente a través de los canales oficiales, como las sedes del Ministerio del Interior o las subdelegaciones del Gobierno. "Se recomienda desconfiar de intermediarios no acreditados, especialmente de aquellos que soliciten pagos por adelantado", advierten desde la Comisaria.
La investigación continúa abierta y no se descarta que puedan aparecer nuevas víctimas que hayan sido objeto de estafas similares en la provincia.
Para Uno | Jueves, 05 de Febrero de 2026 a las 14:32:41 horas
Y tú UNO o tú familia ? Van a ocupar esos trabajos?
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