En el Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid concluyó el jueves la vista oral, cuatro días después de empezar.

El Ministerio Público ha sostenido que los informes que elaboraron o ratificaron los acusados sobre el impacto ambiental en una zona protegida de la Ciudad del Golf eran "absolutamente divergentes" y se dirigían a obtener un pronunciamiento favorable en la declaración de impacto ambiental.

Por su parte, las asociaciones Ecologistas en Acción y Centaurea, que ejercían la acusación particular, tampoco han variado su petición, que coincide con la del fiscal, al considerar que se trató de primar los intereses económicos particulares sobre los ambientales, avalados por sentencias y normativa europea, y se llevaron a cabo con el fin de excluir la protección medioambiental sobre la zona con informes "injustos".

Legalidad
Todos los encausados han defendido la legalidad de los informes medioambientales que emitieron y han negado presiones o amenazas para emitir un juicio favorable al proyecto urbanístico, por lo que su defensa ha solicitado la absolución.
 
Para ello, se ha basado en que se pidió información a los técnicos imputados y no una "decisión" sobre un área que además supone el 0,87 por ciento de una zona protegida por la presencia de cigüeña negra pero en la que no se registraban nidificaciones ni zonas de alimentación para esta especie.

Por lo tanto, entiende la defensa que no se ha infringido norma alguna que suponga prevaricación ni hay pruebas en contra de los acusados, menos aún cuando ven muy difícil que se pusieran de acuerdo con la cantidad de "filtros" que había en diferentes órganos de la Administración que intervenían en el proceso.

Espacio protegido
Los cinco acusados, entre los que figura el actual director general del Medio Natural de la Junta, José Ángel Arranz, han respondido en el juicio oral por los informes supuestamente falsos realizados para conseguir la declaración de impacto ambiental favorable para la Ciudad del Golf, donde al parecer se modificó la calificación de un espacio protegido para construir 1.600 viviendas, una zona hotelera y dos campos de golf.

El exdirector del Medio Natural y hasta hace poco jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, Mariano Torre Antón, y el actual jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Junta, José Ignacio Molina García, también son acusados en el caso. Como también lo son el exjefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, Juan Manuel Pardo Ontoria, y el jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas de este servicio, Sabas Yagüe Bosch.

Las 215 hectáreas del proyecto incluían una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y afectaban a un espacio denominado área crítica para la conservación de aves, según los ecologistas.