La primera de las actuaciones que ha culminado con atentado a agentes de la autoridad tuvo lugar el 27 de noviembre, en el marco de un dispositivo-operativo que acabó con lesiones leves para uno de los guardias civiles, mientras que el agresor fue detenido.

La segunda se produjo el 6 de diciembre, cuando los efectivos de Investigación de Siniestros Viales de Tráfico respondieron al aviso de un vehículo sustraído, en el que viajaba un grupo de personas que, ante la presencia de los agentes, les hicieron frente, llegando a “temer por su vida”. Finalmente, los ocupantes huyeron del lugar. 

Además, otros miembros del destacamento de tráfico de Ávila vieron como su vehículo fue alcanzado por otro mientras auxiliaban a otro coche. El hecho de que se encontraran fuera del vehículo policial, hizo que “no haya que lamentar víctimas personales”.
 

Endurecimiento del Código Penal

Tras poner de relieve que en su trabajo son “víctimas de insultos, amenazas y ataques por el mero hecho de” dedicarse a “la defensa de las libertades y derechos de la ciudadanía y al mantenimiento del orden público”, la AUGC califica esta situación “de indefensión, totalmente inmerecida e inasumible en un Estado de derecho”.

En este sentido, reclama “medidas excepcionales” por parte del Ministerio del Interior, tanto en la protección y seguridad de los agentes como en el “endurecimiento de las condenas que actualmente contempla el Código Penal”.

Este colectivo ha pedido al Gobierno que reconozca a todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como “profesión de riesgo”, ya que a su juicio “no es comprensible que Policía Local, Mossos d'Esquadra y Ertzaintza tengan ese reconocimiento laboral y, en cambio, Policía Nacional y Guardia Civil no”. Desde su punto de vista, resulta “imprescindible el endurecimiento del Código Penal para recuperar el principio de autoridad”.

En la calle

“Lamentamos que los agresores/as, en muchas ocasiones, sean puestos en libertad a las pocas horas de su detención; no es comprensible que el agresor esté en la calle mientras la víctima está recuperándose de las lesiones físicas o psicológicas”, añade, antes de criticar “la falta de un protocolo claro ante las situaciones de violencia inusitada que surgen cada vez con más frecuencia en todo el territorio nacional y también en esta provincia”. 

La AUGC recuerda llevar tiempo solicitando a Interior pistolas táser y cámaras corporales, de manera que cada patrulla de los pueblos pueda llevar este tipo de herramientas como parte de la uniformidad, ya que “contribuirían a disuadir a los autores”, evitando “agresiones que ponen en peligro la integridad física de agentes y ciudadanos”. 

Igualmente, creen “necesario” que la Fiscalía adopte el criterio de solicitar el ingreso en prisión provisional de las personas investigadas por delito de atentado contra agentes de la autoridad con resultado de lesiones sobre estos. Y, a la vez, que los juzgados de instrucción “no se tramiten estos asuntos como diligencias urgentes de juicio rápido”.