La casa fue edificada hace una década y media sin licencia y, ahora, el Ayuntamiento del municipio en el que fue levantada ha ejecutado su demolición durante este mes de diciembre,  después de la condena judicial a los promotores por delito urbanístico, un matrimonio que no quiso ejecutar la sentencia.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila ha informado de la ejecución de la orden judicial de demolición de esta construcción destinada a "vivienda ocasional", después de que los propietarios condenados hayan incumplido el fallo judicial.

A los miembros del matrimonio se les considera autores de un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo, tras quedar acreditado que la edificación, inicialmente autorizada como nave agroganadera, fue "transformada en una vivienda sin la correspondiente licencia ni autorización administrativa". 

La construcción fue detectada por primera vez por la Guardia Civil en 2011, cuando se constató que las obras promovidas bajo la apariencia de una nave agrícola y ganadera, habían derivado en una edificación "con tipología y distribución propias de una vivienda".

Seprona y Junta coinciden

Las inspecciones del Seprona coincidieron con los informes técnicos emitidos por la Comisión Territorial de Urbanismo y por el Servicio de Asistencia y Asesoramiento a Municipios de la Diputación de Ávila, confirmando que el uso real de la construcción "no se correspondía con el autorizado".

La edificación, con una superficie de unos 500 metros cuadrados en planta, se encontraba ubicada en "suelo rústico especialmente protegido, dentro de los límites del Parque Regional de la Sierra de Gredos", donde el uso residencial resulta "incompatible con la normativa urbanística y medioambiental vigente".

Al incumplir los promotores la obligación de ejecutar voluntariamente la demolición en los plazos establecidos por la autoridad judicial, el Ayuntamiento procedió a la ejecución subsidiaria de las obras de derribo, en cumplimiento de la sentencia firme dictada el 1 de diciembre.

La Guardia Civil recuerda la importancia de respetar la normativa urbanística y medioambiental, especialmente en terrenos rústicos o espacios naturales con figuras de protección, donde las construcciones deben ajustarse estrictamente a los usos permitidos por la Ley y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.