CCOO pide al juzgado que multe al alcalde de Ávila por incumplir sentencias

El sindicato denuncia el "incumplimiento persistente de la sentencia firme y los sucesivos requerimientos judiciales", en relación con la valoración de puestos de trabajo en el Consistorio, ante la "falta de identificación del responsable" de dicho incumplimiento.

En su opinión, todo ello "convierte al alcalde en responsable directo de un presunto delito de desobediencia judicial", según este sindicato, que considera a Sánchez Cabrera "responsable último del incumplimiento de sentencias", ya que son fallos que obligan al Ayuntamiento a valorar de forma "justa y actualizada" puestos de trabajo, de acuerdo con lo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Sin embargo, Comisiones Obreras, ante la presunta desobediencia judicial "por no haber sido identificadas las personas responsables del incumplimiento judicial", cree haberse visto "en la obligación de recurrir, nuevamente" al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ávila para instarle a que "imponga multas coercitivas" al alcalde de la ciudad, "en su condición de responsable último del incumplimiento".

Así, asegura tener constancia de que el regidor "ha tenido conocimiento del requerimiento judicial, de la obligación de ejecutar la sentencia y de la necesidad de identificar al funcionario competente y responsable de ello, sin que se haya dado respuesta satisfactoria al respecto".

Para CCOO, el Ayuntamiento de Ávila "no ha adoptado ninguna medida dirigida al cumplimiento de la resolución judicial", de manera que la sentencia "permanece abierta, incumplida y conscientemente desatendida, frustrando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución".

Por ello, el sindicato ha instado a que "se deduzca testimonio" del alcalde de Ávila ante el juzgado de instrucción para "depurar su posible responsabilidad penal" por delito de desobediencia a la autoridad judicial, al constar "acreditado su conocimiento efectivo, su posición de garante y su negativa consciente y reiterada a ejecutar mandatos judiciales firmes".