La cuantía sitúa a la capital abulense como la entidad local que mayor financiación obtuvo por habitante en toda España, con una media de 3,76 euros por vecino.

El dato se desprende del informe sobre el programa presupuestario del Plan Nacional sobre Drogas, calificado por el órgano fiscalizador y elevado a las Cortes Generales. 

En dicho informe se analiza el reparto de fondos procedentes, en su mayor parte, del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, destinados a políticas de prevención, atención y reinserción social.

El Tribunal de Cuentas subraya en su informe la importancia social de estas transferencias, orientadas a la reducción de la demanda de drogas mediante actuaciones de prevención de adicciones, asistencia a personas con problemas de drogodependencia e iniciativas de incorporación social. 

Al mismo tiempo, el órgano fiscalizador advierte de la necesidad de reforzar los mecanismos de control, seguimiento y evaluación del impacto real de los fondos transferidos a comunidades autónomas y ayuntamientos.

En este sentido, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, que agrupa a diputados y senadores, ha instado formalmente al Gobierno a reforzar la fiscalización y transparencia del gasto transferido a entidades locales.