Los cinco encausados se enfrentan a ocho años de inhabilitación cada uno para el desempeño de empleo o cargo público, según los escritos de calificación provisional de los hechos del Ministerio Fiscal y de la acusación popular, que ejercen las asociaciones conservacionistas Centaurea y Ecologistas en Acción.

Así se ha puesto de manifiesto en el juicio oral que ha comenzado este lunes en el Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid, y abierto por los supuestos falsos informes realizados para lograr la Declaración de Impacto Ambiental favorable para la Ciudad del Golf, donde se modificó la calificación de un espacio protegido para construir 1.600 viviendas, una zona hotelera y dos campos de golf.

El exdirector de Medio Natural, Mariano Torre, ha asegurado que no participó en el proceso de recalificación de los terrenos y que la declaración de Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y de área crítica en la zona fueron posteriores a la compra de las 215 hectáreas fijadas para el proyecto.

Suelo urbanizable
También ha afirmado que desde su departamento se emitieron informes medioambientales una vez que el espacio había sido ya calificado como suelo urbanizable, algo que es "incompatible" con el espacio denominado en el ámbito medioambiental como "área crítica".

Por su parte, el actual director general de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz, que entonces era jefe de Espacios Naturales del Gobierno autonómico, ha dicho que se les presentó un terreno ya urbanizable, por lo que quedaba fuera del área crítica, aunque se presentó un informe con una evaluación medioambiental porque era "lo más garantista" para la conservación de las aves.

Arranz ha significado además que, al igual que el suyo, varios informes aseguraban que las 11,6 hectáreas que formaban parte del área crítica y que se incorporaron al proyecto no eran una "zona vital" para la conservación de la cigüeña negra, especie protegida en la zona.

Mientras, tanto el actual jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Junta, José Ignacio Molina García, como el exjefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, Juan Manuel Pardo Ontoria, han coincidido en sostener la legalidad de sus actuaciones en el proceso.

Por último, el jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas del servicio de Medio Ambiente de Ávila, Sabas Yagüe Bosch, ha reiterado asimismo en que la zona no era "vital" para la conservación de la cigüeña negra, aunque sí suponía la pérdida de masa forestal en la zona.

En las distintas piezas en las que separó el caso no ha habido ninguna condena, entre ellas la que motivó la celebración de un juicio en la Audiencia Provincial, en el que los acusados resultaron absueltos.