La investigación comenzó en octubre de 2023 tras las sospechas iniciales de Policía Nacional sobre una vivienda ubicada en el norte de la capital abulense en la que se podría estar distribuyendo sustancias estupefacientes. 

Después de varios seguimientos, localizaciones y la colocación de balizas en dos vehículos vinculados a los investigados, los agentes hallaron que dos de los acusados distribuían la droga a través de sus vehículos y en su vivienda. 

Según el relato de los agentes, estos dos acusados distribuían la droga en esta vivienda del norte de la capital, mientras la pareja de acusados la almacenaban en su domicilio ubicado en la zona sur. 

Cómo actuaban

Tal como ha relatado uno de los agentes durante la vista oral, “el procedimiento habitual en este tipo de delitos es guardar las sustancias estupefacientes en un lugar distinto a donde se venden”. De esta manera se evitan “vuelcos” (robo de la droga) y que las vigilancias policiales relacionen los delitos. 

Con los seguimientos, los agentes también determinaron que dos de los acusados viajaban también a la localidad de San Pedro del Arroyo, donde supuestamente suministraban estupefacientes a un joven que estaba citado como testigo, pero que finalmente no ha acudido a declarar.

La ausencia de este testigo ha motivado que la defensa haya solicitado la suspensión del juicio, petición que ha sido rechazada por el tribunal de la sala. 

Tras las investigaciones policiales que se prolongaron hasta abril de 2024, Policía Nacional registró las dos viviendas de la capital abulense donde se hallaron balanzas de precisión, alambres, recortes de envoltorios, dinero y diversa cantidad de cocaína, elementos que la Fiscalía considera compatibles con la venta de droga. 

A pesar de ello, la defensa ha mantenido que no existe prueba alguna que acredite que la sustancia incautada estaba destinada al tráfico. Por ello, ha reclamado la libre absolución de los cuatro acusados, porque tal como ha defendido el letrado, las investigaciones policiales están basadas en hipótesis y, por tanto, no hay ninguna prueba que acredite que la droga hallada era para venderla, y no para consumo propio, según ha declarado uno de los acusados.  

Hipótesis policiales 

“Tanto la policía como el Ministerio Fiscal basan sus informes en “Yo me imagino”, “Yo creo que…”, “Yo pienso que…”, pero la realidad es que hechos concretos y demostrables no existen, ni en el procedimiento ni en ningún otro sitio”, ha defendido el letrado de los acusados, quien ha puesto como ejemplos el hecho de que “no existe ningún elemento probatorio que acredite que en una vivienda se vendía droga, puesto que los agentes solo acreditaron que algunas personas que salían del bloque de viviendas, poseían drogas. 

Una cuestión ante la que dos de los acusados han negado la venta de drogas, defendiendo que en su edificio “había movimientos raros” por parte de otros vecinos colombianos.  

Además, se ha considerado como hecho probatorio para uno de los acusados que carece del informe de vida laboral. Sin embargo, para la defensa, además de que no ha sido aportado a la causa, uno de los vehículos investigados era utilizado por el acusado para desplazarse a su lugar de trabajo. 

La defensa ha pedido la nulidad de varias diligencias, entre ellas las balizas en los vehículos y las entradas y registros en las viviendas, al considerar que “no había indicios sólidos” para justificar estas medidas. 

Incautación de droga 

Los agentes, por el contrario, han sostenido que sus hipótesis fueron suficientemente fundadas y que, de hecho, interceptaron hasta tres compradores que habían acudido al domicilio del norte de la ciudad o a los vehículos, y salieron minutos después con diversas cantidades de sustancias estupefacientes.

La Fiscalía ha considerado acreditados los hechos por los que se acusa a los cuatro investigados, y ha solicitado cuatro años de prisión y 20.000 euros de multa para cada uno de los acusados. 

Después de tres horas de vista oral, el juicio ha quedado visto para sentencia en la sala de vista de la Audiencia de Ávila.