La decisión se produce a raíz de la denuncia de los vecinos de un piso de dicho inmueble por las molestias que ocasionan los ruidos procedentes del funcionamiento de la bomba.

Con anterioridad se había avisado de forma oficial al propietario del establecimiento para que subsanase los ruidos ocasionados por la bomba, pero se ha comprobado que las molestias permanecen.

La orden de precinto se efectúa aparte del posible expediente sancionador por una actividad que produce molestias injustificadas a los vecinos.

Contra la desobediencia de lo ordenado por el decreto se iniciarán  trámites legales ante la jurisdicción ordinaria por presunto delito de desobediencia a la autoridad, contemplado en el artículo 556 del Código Penal. Un posible recurso contra el decreto no suspenderá la orden de precintado.