El proceso gira en torno a un acuerdo adoptado en un pleno municipal celebrado en 2014 que, según las acusaciones, habría beneficiado directamente a una finca familiar del acusado. Según el escrito del Ministerio Fiscal, el alcalde participó el 29 de abril de 2014 en un pleno del Ayuntamiento de Vita en el que se aprobó por unanimidad la realización de una obra para habilitar un acceso a la finca conocida como Prado de Vallehondo.  Esta actuación facilitó el cerramiento y el acceso a una finca colindante propiedad del padre del acusado y explotada por él mismo, lo que constituiría un beneficio personal derivado del ejercicio de un cargo público.

El fiscal considera que los hechos encajan en un delito de negociaciones prohibidas, tipificado en el artículo 439 del Código Penal, y solicita para el exalcalde una pena de seis meses de prisión, multa de 2.160 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público, con la atenuante por dilaciones indebidas, ya que el procedimiento, incoado en 2019, ha sufrido retrasos no atribuibles al acusado.

La acusación particular amplía la petición a un año y medio de cárcel y siete años de inhabilitación, al considerar que incurrió en un delito de malversación y otro de gestión interesada, al haber aprobado obras con fondos públicos en beneficio propio y sin abstenerse del voto en el pleno, pese al evidente conflicto de intereses.

"La finca objeto del acuerdo, la finca 389 del Polígono 6, es propiedad de la familia del acusado", y que este actuó “teniendo un interés directo en el acuerdo sin abstenerse ni ausentarse del pleno”, lo cual vulnera los artículos 21 y 96 del Real Decreto 2568/1986.

Obras

Además, se señala que el acusado contrató directamente a la empresa Julio Mesonero Santana para ejecutar las obras por valor de 3.660,25 euros, que fueron abonados por transferencia el 18 de junio de 2015. Las obras incluyeron la ampliación de accesos y la apertura de una nueva entrada que mejoró el cerramiento de la finca familiar.

Por estos hechos, la acusación particular solicita una pena de un año de prisión y multa por malversación, seis meses más por gestión interesada, así como una inhabilitación especial para cargo o empleo público por un total de siete años. También reclama la devolución del importe invertido e indemnizar al Ayuntamiento de Vita por importe de 3.660,25 euros.

Por su parte, la defensa del acusado niega los hechos imputados y reclama la libre absolución, alegando que la decisión del pleno de 2014 no benefició exclusivamente a la finca del padre del acusado, ya que “se acordó realizar una entrada que sirviera para las dos fincas afectadas”, ambas de una familia denunciante. Además, argumenta que el procedimiento estuvo plagado de irregularidades administrativas, señalando “la inexistencia del informe de la secretaría” municipal que avalara el acuerdo adoptado en 2018 para investigar los hechos.

Según la defensa, “no se ha probado la existencia de dolo, ni el acusado ha obtenido beneficio alguno”, y subraya que los hechos ocurrieron hace más de diez años y que muchos aspectos administrativos fueron posteriores a la actuación investigada.

El juicio se celebrará el próximo martes en la Audiencia Provincial de Ávila después de 11 años de ocurrir el hecho. Este alcalde fue elegido en 2011, y en 2015 volvió a salir alcalde, sin embargo, año y medio después fue derrocado en una moción de censura por otro concejal, compañero del PP y el otro edil, perteneciente al PSOE.