En el caso de la provincia de Ávila, el grupo Repsol figura entre las empresas que rebasan este umbral, lo que implica restricciones en la expansión de su red de estaciones de servicio.

La resolución determina que, según la Ley del Sector de Hidrocarburos, las compañías con una cuota superior al límite legal no podrán incrementar el número de instalaciones bajo propiedad o gestión directa, ni firmar nuevos contratos de distribución exclusiva con minoristas que se dediquen a la explotación de instalaciones para el suministro de combustibles y carburantes a vehículos.

No obstante, sí podrán renovarse a su expiración los contratos preexistentes, aunque con ello se supere la citada cuota del 30% de mercado.

El control de las ventas de combustible se realiza a partir de los datos remitidos por las empresas al Ministerio de Industria y a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, correspondientes al ejercicio 2024.

La resolución ministerial se enmarca en la política estatal de garantizar la competencia en el suministro de combustibles y evitar concentraciones excesivas en el mercado.