Según el edicto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, el tribunal concede un plazo de quince días para que se personen en la causa quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a derecho de la ordenanza impugnada.

Cabe recordar que la tasa la fijó el Consorcio Provincial de Residuos Zona Norte de Ávila, en el que delegó sus competencias en esta materia el Ayuntamiento de Ávila.

Según la citada tasa, los centros pertenecientes a las Administraciones Públicas, como la cárcel de Brieva o la Escuela Nacional de Policía, deben pagar en función de sus trabajadores y residentes.

Así, la Escuela Nacional de Policía tendrá que pagar 9.856,18 euros anuales si sus instalaciones albergan hasta 600 alumnos y residentes, mientras que el Centro Penitenciario de Brieva deberá abonar 8.212,90 euros si tiene hasta medio millar de trabajadores e internos.

Esta polémica tasa, que ha encontrado el rechazo de empresarios, grupos políticos y vecinos, es el resultado de dos años de tramitaciones y disposiciones por parte del Ayuntamiento y el Consorcio, que ha realizado modificaciones en las tarifas que tienen que pagar los habitantes y centros en función de su actividad y superficie, así como de su ocupación.

Según la última modificación aprobada, desde el 1 de enero de este año, si la prisión tiene hasta 500 trabajadores e internos, pagará 8.212,90 euros, mientras que si la ocupación es de hasta doscientos trabajadores e internos, la tasa bajará a 3.286,71 euros.