El encuentro del grupo de trabajo en materia educativa ha dado lugar a un informe de 11 puntos que aborda desde la organización de los centros rurales hasta la implantación de una EBAU común, pasando por la salud mental y la formación de los docentes. “Castilla y León ya tiene el mejor sistema educativo de España y uno de los más fuertes del mundo”, señala el documento, que parte de este reconocimiento para plantear mejoras con el objetivo de afianzar y ampliar esa excelencia.

Una de las principales propuestas es la puesta en marcha de un plan integral para la retención y atracción del talento docente y profesional. Entre las medidas planteadas se incluyen incentivos para jóvenes docentes, mejoras en el atractivo profesional y salarial, y la creación de nuevas titulaciones universitarias en el territorio.

Asimismo, plantean una asignación de plazas docentes basada en la proximidad territorial, con el fin de reducir el impacto personal y económico de los desplazamientos interprovinciales. También se propone revisar los temarios de oposiciones para adecuarlos a la realidad educativa actual, incluyendo contenidos sobre salud mental, competencias digitales, neurodesarrollo y metodologías innovadoras.

Centros rurales agrupados
En el ámbito rural, se propone revisar la organización y ubicación de las plazas en los centros rurales agrupados (CRA), ajustándolas a las necesidades reales, garantizando estabilidad laboral y reduciendo el impacto de los desplazamientos.

El documento también aborda la necesidad de garantizar un equilibrio de recursos entre la educación pública y la concertada. Se sugiere revisar la carga lectiva en esta última, actualizar la cuenta de otros gastos y distribuir equitativamente los recursos de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje según las necesidades del alumnado.

El grupo de trabajo ha hecho especial hincapié en la importancia de la salud mental y la inclusión educativa. Entre las propuestas destacan la formación específica para docentes, la creación de equipos multidisciplinares y departamentos de Psicología en Infantil y Primaria, la reducción de ratios en Educación Especial, y el refuerzo de personal especializado. Además, se plantea ampliar los recursos destinados al alumnado con altas capacidades.

En cuanto al refuerzo educativo, el PP aboga por implantar apoyos en ESO, Bachillerato y FP, así como desarrollar ciclos formativos en modalidad online y ampliar la oferta de grados medios.

Participación educativa
Otra de las líneas de acción es la simplificación administrativa. El documento propone reducir la burocracia en las sustituciones, garantizar la continuidad del personal administrativo y aumentar la autonomía de gestión de los centros educativos.

Sobre los órganos de participación, se insta a vigilar el cumplimiento y celebración de los Consejos Escolares, e impulsar procesos de autoevaluación orientados a la mejora continua.

Finalmente, el PP plantea instaurar la carrera profesional docente, reforzar la autoridad del profesorado y establecer incentivos vinculados a la excelencia educativa. Asimismo, se aboga por la implantación de una EBAU común para avanzar en homogeneización y coordinación educativa a nivel estatal.