La totalidad de medios implicados, entre los que se encuentra Avilared, niegan las afirmaciones de dicho comunicado, cuando exponen que secretario general del PSOE-CyL, Carlos Martínez, "cumple su compromiso de registrar el acuerdo alcanzado con los medios de comunicación, especialmente los más pequeños, con los que el PSOE ha venido trabajado en esta propuesta legislativa".

Los 33 medios niegan que se haya producido reunión de trabajo alguna, siquiera contacto sectorial alguno, y por supuesto acuerdo alguno durante los meses transcurridos desde la aprobación de la ley en julio. 

La propuesta para modificar la ley, que además no tendría garantizados los apoyos necesarios para salir adelante, mantiene los preceptos que llevan a los medios a recurrir a la vía judicial para su anulación. Y es que expone a las empresas informativas a una indefensión jurídica y, además, contraviene la legislación estatal en materia de contratos con la Administración pública, al establecer un porcentaje máximo de publicidad institucional.

Es por ello que los medios reafirman la necesidad de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León imponga medidas cautelares a la aplicación de la norma mientras avanza la demanda por inconstitucionalidad.