La acusación se centra en el largo periodo de tiempo comprendido entre el año 2011 y enero o febrero de 2016, lapso en el que el hombre convivió con su entonces pareja, y la hija de esta, nacida en 2001, en diversos domicilios de la provincia de Ávila. Durante estos años de convivencia, la menor tenía entre 9 y 15 años de edad.

Según la exposición del fiscal, el procesado se habría prevalido "de la relación de ascendencia que el ser pareja de la madre le procuraba y aprovechando las facilidades que esta situación le otorgaba para encontrarse a solas en el domicilio con la menor, al quedarse al cuidado de la misma como guardador de hecho en ausencia de la madre". Es en este contexto en el que el acusado procedió "en numerosas ocasiones, aprovechando dichas ausencias de la madre y con evidente vulneración de la indemnidad y libertad sexual de la menor", a realizar los actos que configuran el delito.

Los escritos de acusación describen una serie de actos que se habrían perpetrado de forma repetitiva y continuada a lo largo del periodo de convivencia. Entre las acciones detalladas se encuentran la realización de "tocamientos en los genitales y otras zonas corporales cuando estaban en el salón de la vivienda o cuando ella se encontraba en la cama". Asimismo, se señala que llegó "incluso a meterse en la bañera con ella frotándola el cuerpo".

El hecho más grave ocurrió aproximadamente a los 14 años de edad de la menor, cuando el hombre llegó a "ofrecerle, en alguna ocasión... dinero para mantener relaciones sexuales completas". Según el relato, el acusado "no consiguió" su objetivo debido a la "oposición de la niña". No obstante, las acusaciones sostienen que sí logró, "en fecha no precisada de los postreros meses de convivencia cuando se hallaban en el último de los domicilios en que convivieron" (al que se mudaron en 2015), "a introducir su lengua en la vagina de la menor".
Todos estos actos, tanto el Fiscal como la acusación particular, concluyen que fueron realizados por el procesado "con evidente propósito de satisfacer sus deseos libidinosos".

Penas
Los hechos descritos se consideran constitutivos de un delito continuado de abuso sexual. Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular coinciden en la responsabilidad del procesado en concepto de autor. En consecuencia, ambas partes solicitan la imposición de una pena de 12 años de prisión y la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento por un periodo superior en años a la pena de privación de libertad efectivamente impuesta.

También pide libertad vigilada por un periodo de ocho años tras cumplir la pena de prisión, e inhabilitación para cualquier profesión que conlleve contacto regular y directo con menores de edad, por un tiempo superior en cinco años a la pena de prisión. El fiscal pide una indemnización de 10.000 euros, que la acusación particular eleva a 25.000.

Frente a esto, la defensa muestra la disconformidad con los hechos, negando las acusaciones y solicita la libre absolución. El juicio se celebrará en la Audiencia de Ávila los días 3 y 4 de diciembre.