En los criterios de adjudicación se ha tenido en cuenta el precio de la oferta (90%) y la modernidad de los vehículos de la empresa adjudicataria (10%), que se encargará de cubrir los desplazamientos de los funcionarios y trabajadores penitenciarios.

Al proceso de licitación sólo han concurrido dos empresas y según figura en el expediente administrativo, la contratación del servicio se formaliza con una duración de dos años.