El juicio, que se celebrará en la Audiencia Provincial de Ávila el próximo miércoles, juzgará unos hechos ocurridos sobre las 16,45 horas del 20 de octubre de 2024, cuando el acusado conducía un turismo que fue parado por agentes de la Guardia Civil durante un control rutinario de vehículos.

En dicho control, los agentes se incautaron de un envoltorio de plástico blanco contenido en su interior 65,32 gramos de un polvo blanco que tras su análisis resultó ser cocaína con una pureza del 82,35%; un envoltorio de plástico verde conteniendo 20,06 gramos de un polvo blanco que tras el análisis resultó ser cocaína con una pureza del 36,10%; una tableta de sustancia sólida marrón, envuelta en plástico transparente con un peso neto de 97,55 gramos que tras el análisis resultó tratarse de resina de Cannabis con una riqueza del 35,75%, y una tableta de sustancia sólida marrón, envuelta en plástico transparente con un peso neto de 96,77 gramos que tras el análisis resultó tratarse de resina de cannabis con una riqueza del 51,38%.

Según el escrito de acusación del fiscal, el acusado poseía tales sustancias con la finalidad de "destinarla al tráfico", pudiendo alcanzar un valor en el mercado de 8.579,70 euros.

El ministerio público considera que estos hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública, de sustancias que causan grave daño a la salud. Por ello, solicita cuatro años de prisión y una multa de 20.000 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de dos meses. Además, una accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, teniendo que abonar las costas procesales.

La defensa pide su absolución

Por su parte, la defensa considera "incierto el correlativo del ministerio fiscal", ya que el acusado "adquirió las sustancias aprehendidas para su consumo propio, dado que, habitualmente, y desde hace muchos años es adicto. De hecho, está incluido en un programa de deshabituación en Cáritas".

"La cantidad responde al hecho de que reside en un pueblo de la provincia de Ávila donde no es fácil su adquisición, por lo que acostumbra a recabar el producto para su consumo durante varios meses", argumenta. Por todo ello, considera que "no cabe hablar delito, autoría, circunstancias modificativas ni pena a imponer".