Del Viernes, 21 de Noviembre de 2025 al Domingo, 23 de Noviembre de 2025
La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha anunciado la elaboración de un censo de instalaciones y emplazamientos que contienen amianto en colaboración con las diputaciones provinciales. Este registro tiene como objetivo facilitar y planificar la retirada segura de este material altamente peligroso para la salud antes del año 2028.
La iniciativa, impulsada desde la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, está dirigida principalmente a los municipios de menos de 5.000 habitantes, que en muchos casos carecen de los medios técnicos y económicos necesarios para acometer esta obligación legal. "Antes del 2028, deberán priorizarse las instalaciones y emplazamientos según su grado de peligrosidad y exposición de la población más vulnerable", ha explicado el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, José Manuel Barrios, durante su visita a una explotación agrícola en La Serrada, donde se han llevado a cabo trabajos de sustitución de cubiertas de amianto.
La retirada del amianto en centros de trabajo de Castilla y León forma parte de uno de los programas clave de prevención de riesgos laborales impulsados por la Junta. En el transcurso de esta legislatura, se han destinado más de 11 millones de euros para eliminar este material en un total de 592 instalaciones laborales, ha explicado el director general.
Entre los beneficiados se encuentra la explotación de Miguel Herráez, ubicada en La Serrada, que ha recibido dos ayudas para la retirada y sustitución de cubiertas de fibrocemento con amianto en sus naves agrarias. Durante su visita, Barrios ha subrayado que estas subvenciones "responden al compromiso de la Junta con la prevención de riesgos laborales" y están diseñadas para apoyar a "empresas y municipios con mayores dificultades de inversión, como pueden ser las pequeñas empresas y los municipios del ámbito rural".
En la provincia de Ávila, estas iniciativas han supuesto una inversión de 1,6 millones de euros. De ellos, 875.987 euros se han destinado a maquinaria y vehículos para trabajadores forestales; 176.000 euros a desfibriladores, y 557.192 euros al programa Seguridad Rural, que ha beneficiado a 58 profesionales del sector agrario.
Las actuaciones más habituales han sido la renovación de maquinaria más segura, obras de mejora en los lugares de trabajo y la incorporación de sistemas de guiado y localización para el manejo del ganado.





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