La investigación, desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se enmarca en un posible delito contra los recursos naturales, el medioambiente y la fauna.

El caso se inició en octubre de 2024 tras el aviso de agentes medioambientales de la comarca forestal de Arévalo, quienes detectaron una alta mortalidad de aves en varios tendidos aéreos del término municipal de Madrigal de las Altas Torres. Según la Guardia Civil, "a pesar de las advertencias y requerimientos administrativos, las líneas no habían sido adecuadas a la normativa sectorial vigente, continuando el riesgo para las aves".

Sensibilidad ambiental
Los tendidos discurren por terrenos incluidos en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Tierra de Campiñas, una área con calificación de sensibilidad muy alta para especies esteparias y planeadoras. La zona está también catalogada como de riesgo muy alto de electrocución de aves y figura en el registro de espacios protegidos frente a colisiones y electrocuciones de líneas de alta tensión en Castilla y León.

Durante los últimos cuatro años, se localizaron 42 aves muertas bajo estas líneas. A ellas se suman otros siete ejemplares hallados durante las inspecciones técnicas del Seprona,  elevando a 49 el número total de víctimas. Todos los cuerpos fueron remitidos al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de Valladolid para su análisis. Las necropsias concluyeron que "la causa principal de las muertes fue la electrocución, siendo la colisión la causa restante".

Incumplimientos
Las inspecciones revelaron que algunas infraestructuras habían sido modificadas conforme a la normativa, mientras que otras continuaban sin adaptarse, manteniendo un alto riesgo de electrocución. La Guardia Civil recogió nuevos cadáveres bajo estas líneas incumplidoras.

El informe destaca que entre las especies afectadas se encuentran aves incluidas en el régimen de protección especial y en peligro de extinción, como el águila imperial ibérica y el milano real, "especies emblemáticas que utilizan las torretas eléctricas como puntos de descanso o caza".

La investigación ha contado con la colaboración de los servicios territoriales de Medio Ambiente y de Industria, Comercio y Economía de la Junta, que aportaron los expedientes administrativos existentes y la identificación de los responsables de las instalaciones.

Desde la Guardia Civil se subraya "el grave daño medioambiental causado por la falta de adecuación de estas infraestructuras eléctricas", y se recuerda a los titulares de líneas eléctricas su "obligación legal de mantener y adaptar las instalaciones para evitar la electrocución y colisión de aves, conforme a la normativa vigente".