Según ha informado Alberto Novoa, secretario provincial de CCOO, esta petición busca identificar a las autoridades o funcionarios responsables del incumplimiento, quienes pueden enfrentarse a posibles sanciones económicas en su patrimonio personal.

CCOO denuncia que el Ayuntamiento de Ávila ha incumplido en repetidas ocasiones sentencias judiciales que le obligan a realizar dichas valoraciones de puestos. En concreto, el sindicato se refiere a dos sentencias: una dictada en junio de 2023 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ávila, recurrida y validada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en noviembre del mismo año. 

A pesar de las resoluciones, el Ayuntamiento ha dilatado su ejecución, otorgándose un plazo hasta julio de 2025 para cumplirlas, lo que CCOO interpreta como una posible estrategia para alargar los procesos judiciales, puesto que las dos sentencias a las que se refiere no se han cumplido aún. 

Delito penal

A pesar de que algunos puestos de trabajo sí han sido valorados, incluso sin la demanda del propio trabajador, el sindicato advierte que este comportamiento podría constituir un delito de desobediencia a la autoridad judicial, con el alcalde de Ávila como máximo responsable político de la situación. 

“El incumplimiento de sentencias es un delito penal”, ha subrayado Novoa, insistiendo en que la falta de voluntad política en la gestión de recursos humanos obliga a los trabajadores a acudir a los tribunales para defender sus derechos.

Esta situación no solo afecta a los casos actuales, sino que podría derivar en más incumplimientos en el futuro, generando una sensación de indefensión en la plantilla municipal.