Rocío Díaz Zurdo, secretaria del Sector Sociosanitario de Servicios Públicos de UGT en Ávila, ha subrayado que el sindicato ha formalizado alegaciones ante una propuesta “que mantiene las mismas carencias históricas” y que ignora las necesidades de las más de 528 auxiliares que atienden a personas mayores y dependientes en la provincia.

“Este pliego es una oportunidad perdida”, ha declarado, lamentando que “después de años reclamando avances en la estabilidad en las jornadas, los desplazamientos y salarios, la Diputación vuelve a licitar el contrato sin introducir ningún cambio que dignifique las condiciones laborales de mis compañeras”.

El pliego no contempla “ni las reducciones de parcialidades ni las actualizaciones salariales”, ha denunciado, insistiendo en que “la Diputación no puede seguir tratando este servicio como un simple contrato económico” porque “detrás hay personas trabajadoras que sostienen el bienestar de nuestros mayores”. Díaz Zurdo ha recordado que “la calidad de los servicios no lo dan ni la Diputación ni las empresas sino las auxiliares de ayuda a domicilio”.

Discrepancias económicas
La organización sindical ha criticado también las notables discrepancias entre los datos económicos aportados en el pliego y la realidad laboral de las trabajadoras. Según el documento presentado para la licitación, el salario bruto anual medio asignado a las auxiliares, incluida antigüedad y cotizaciones, ascendería a 18.728 euros. Sin embargo, la responsable sindical ha señalado que este dato “no se ajusta en modo alguno a la realidad”.

“De las 528 trabajadoras, unas 50 tienen jornada completa, y de ellas solo nueve son de oficina, y el resto son contratos con parcialidades muy bajas, y una trabajadora con jornada completa no tiene un salario bruto anual de 18.000 euros”, ha criticado.

Por su parte, Pilar Gutiérrez Sánchez, secretaria de Atención Social de UGT Servicios Públicos en Castilla y León, ha denunciado el procedimiento seguido para elaborar el estudio técnico-económico del nuevo pliego. Según sus datos, se ha pasado de un coste de personal de más de 9,25 millones de euros en 2021, repartidos entre 439 auxiliares, a una estimación de 7,52 millones para 2025, pese al aumento del número de trabajadoras (534) y de horas anuales (520.000).

“El salario bruto anual medio se ha reducido casi en dos millones de euros, lo que demuestra que este estudio riguroso no se ajusta a la realidad”, ha afirmado. Mientras tanto, el presupuesto base de licitación ha aumentado un 30 %, pasando de 17,24 millones en 2021 a 22,46 millones para 2025, “pero no para revertir en un mejor servicio o dignificar la labor de las trabajadoras, sino que se destina a un interés empresarial”.

Gutiérrez también ha señalado el incremento del coste de personal de oficina, que ha pasado de 266.649 euros a 318.658 euros, un 19% más, y ha alertado del aumento de los “costes directos e indirectos”, que crecen un 254% respecto al estudio anterior. Entre ellos, destacan conceptos como “coste de improductividades” (76.853 euros) y “coste de nueva adjudicación” (214.000 euros), para los que no se han aportado justificaciones detalladas.
UGT advierte de posibles acciones legales

Recursos

Desde la central sindical “no se permitirá un pliego más en estas condiciones” y advierten que, de no rectificarse, se verán obligados a recurrir al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCyL) y a la vía judicial ordinaria.

Gutiérrez ha recordado que desde 2021 la empresa adjudicataria ha venido descontando “entre tres y cuatro minutos por hora de servicio a los usuarios”, una práctica que ha generado “un beneficio empresarial de más de 800.000 euros” a costa de los derechos de los usuarios y trabajadoras. “Esto repercute tanto en las trabajadoras, que no cobran ese tiempo, como en los usuarios, que no reciben la atención completa por la que están pagando”, ha detallado.

UGT exige que el nuevo pliego contemple mejoras reales, tanto laborales como de servicio, “con mejoras hacia las trabajadoras y hacia los usuarios”. No puede ser que la empresa licitadora se lleve un beneficio de más de 1.200.000 euros por la licitación”, ha afirmado.

Por su parte, Tomás Pérez Urueña, secretario general de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, ha dicho que “la ayuda a domicilio es un derecho que tienen los ciudadanos”, subrayando que “a diferencia de otros derechos como la sanidad o la educación, está en manos privadas desde su origen”.

Pérez ha recordado que la competencia de la ayuda a domicilio recae en la Junta, que financia a ayuntamientos y diputaciones para gestionar este servicio, que posteriormente es externalizado. “Estamos notando que para muchas diputaciones, y sobre todo para la Diputación de Ávila, se da más importancia al beneficio empresarial que a las condiciones laborales”, ha lamentado.

El dirigente sindical ha denunciado que las características del sector, altamente feminizado, están siendo utilizadas “para aprovecharse de la situación personal de estas mujeres”. Ha vuelto a insistir en la necesidad de mecanismos de control que garanticen el correcto uso de los fondos públicos: “Pedimos a la Junta que no se limite a firmar el convenio económico, sino que vigile a dónde termina el dinero que pone encima de la mesa, ya que es su responsabilidad”.

En este sentido, UGT sostiene que “con el pliego actual se podría estar incumpliendo la ley de contratos con la administración”, puesto que “lo primero que hay que garantizar es el cumplimiento del convenio laboral”.