Por estos hechos, el instituto armado investiga a cuatro personas por su supuesta pertenencia a una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de estos animales exóticos.

Entre los 472 animales intervenidos figuran ejemplares de tortuga leopardo; tortuga de espolones; tortuga mediterránea; iguanas; gecos de distintas variedades; tarántulas y varano del Nilo, que carecían de documentación y trazabilidad legal.

Dichos ejemplares procedían, en su mayoría, de cesiones irregulares de provincias como Madrid; Badajoz; Ciudad Real; Valencia; Toledo; Huesca; Zaragoza y Sevilla.

Las investigaciones, dentro de la operación Suartx, se iniciaron en junio del año 2023 por parte del Seprona, de la Guardia Civil, al detectarse, a través de las redes sociales, diversas irregularidades. Desde entonces, los agentes constataron que las personas implicadas pertenecían a una supuesta ONG, que financiaba el cuidado de los animales mediante donaciones obtenidas a cambio de publicidad en redes sociales, pero sin contar con licencias ni autorizaciones.

Charlas en centros educativos

Asimismo, en el marco de esta operación, la Guardia Civil descubrió que esta supuesta ong ofrecía cursos y voluntariados a personas que trabajaban sin estar dados de alta en la Seguridad Social. A ello se sumaba un programa de apadrinamiento económico, dirigido por una bióloga y una segunda persona, que impartían charlas en centros educativos de Ávila y Madrid.

Asimismo, todas las instalaciones operaban sin licencias, ni autorizaciones municipales y, pese a que los animales estaban en buen estado, la Guardia Civil comprobó que provenían de aprehensiones y donaciones previas, tras las que 200 de los casi 500 animales del falso refugio ya habían muerto.

Por ello, cuatro personas han sido investigadas como presuntas responsables de delitos contra la fauna, estafa, falsedad documental, contrabando y organización criminal. Las diligencias corresponden al Decanato de los Juzgados de Ávila y a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila.

La operación, desarrollada por el Seprona, ha contado con apoyo de personal de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y Tragsatec, así como de agentes medioambientales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.