Una medida que, según denuncia el PP, impide que el Gobierno central ejecute su plan inicial de recorte en el transporte público rural que habría afectado a miles de ciudadanos abulenses.

La propuesta popular salió adelante con el voto en contra del PSOE, lo que ha suscitado duras críticas por parte de los parlamentarios abulenses del PP, Héctor Palencia y Patricia Rodríguez. Ambos han celebrado la aprobación de esta norma al considerar que “garantiza la igualdad de oportunidades y la conexión de los pueblos”. En su opinión, “ha sido el Partido Popular el que, una vez más, ha salido en defensa del medio rural mientras el PSOE miraba hacia otro lado”.

El grupo socialista se posicionó en contra de esta enmienda, lo que ha sido interpretado por el PP como un “abandono” del medio rural abulense. “Los socialistas abulenses han preferido obedecer las órdenes de su Gobierno antes que defender a sus propios vecinos y otra vez han vendido los intereses de la provincia”, han denunciado los diputados populares.

Afectados

Según datos del PP, más de 32.000 personas en la provincia dependen de estas líneas de autobús para sus desplazamientos diarios, ya sea por motivos laborales, educativos o sanitarios. “Estas paradas son esenciales para miles de personas mayores, estudiantes y trabajadores que a diario dependen del transporte público para acudir a sus centros de trabajo, a citas médicas o a sus estudios”, insistieron Palencia y Rodríguez.

Además del blindaje de las rutas de autobús, la formación popular ha logrado incluir en la Ley de Movilidad Sostenible otra enmienda, como es la incorporación del Plan de Convergencia del PP. Este plan busca asegurar legalmente un mínimo de servicios de transporte en provincias con baja densidad poblacional como Ávila, junto a infraestructuras adecuadas y bonificaciones específicas. 

Por otra parte, también se ha aprobado un pacto para garantizar 2.800 megavatios de capacidad energética destinados a industrias de Castilla y León, con cambios normativos inmediatos. Una medida que, según los populares, pretende eliminar uno de los principales obstáculos para la instalación de empresas en la provincia: la falta de suministro eléctrico suficiente. “Queremos que ninguna empresa deje de instalarse en Ávila por no contar con capacidad energética”, subrayaron los diputados.