El fallo judicial, calificado de "rotundo" por los socialistas, ha llevado al PSOE a exigir responsabilidades políticas, incluyendo la dimisión del propio Sánchez Mesón.

"Sería razonable que el diputado de Recursos Humanos presentara su dimisión, porque ya tiene sobre sus espaldas suficientes problemas y suficientes reclamaciones como para pensar en abandonar esa delegación", ha manifestado Carmen Iglesias, portavoz socialista en la institución provincial, que ha hablado de una "política caótica y clientelar" por parte del equipo de gobierno del Partido Popular en la gestión del personal.

La socialista ha afirmado que "la sentencia pone de manifiesto la incompetencia y las graves irregularidades cometidas por el equipo de Gobierno del PP, que ha aprobado el decreto sin competencia, sin negociar con los trabajadores y designando a dedo a los miembros de un nuevo staff". Además, ha criticado que el puesto pretendido "no está contemplado en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), ignorando la legalidad y los informes de los propios técnicos de la Diputación", contraviniendo lo dispuesto en la normativa sobre ordenación de recursos humanos en Administraciones públicas.

Pisotear derechos

Iglesias ha recordado que no es la primera vez que denuncian designaciones a dedo, como la del jefe de extinción de incendios, “ni tampoco el uso de procesos de estabilización para beneficiar a personas cercanas al Partido Popular, familiares de diputados y cargos relevantes". Según la portavoz, "los trabajadores ven cómo sistemáticamente se pisotean sus derechos y, en definitiva, los ciudadanos acaban siendo los perjudicados en términos de calidad y coste de los servicios públicos".

Desde el PSOE se ha reclamado una explicación formal por parte del presidente de la Diputación, Carlos García, ante lo que consideran "hechos de suma gravedad". Al mismo tiempo, Iglesias ha insistido en que es necesario "un giro radical en la gestión de personal en la Diputación de Ávila".

En la misma línea, el diputado socialista Raúl Blanco ha denunciado el estado de desorganización interna que afecta al personal de la institución provincial. "La inexistencia de un catálogo de funciones, el caos retributivo, la falta de planificación y jerarquía y el abuso sistemático de gratificaciones conforman un déficit estructural que provoca inseguridad jurídica y laboral", ha afirmado.

Blanco ha advertido de que "las contrataciones basadas en la improvisación, sin estudio de necesidades reales, y la ausencia de negociación colectiva han generado constantes pleitos y sanciones laborales, con un elevado coste económico para todos los contribuyentes". En su opinión, resulta "perentorio abordar este despropósito mediante diálogo social" para garantizar una adecuada prestación de servicios en la provincia de Ávila.

La sentencia considera que el decreto que creaba una nueva unidad administrativa de coordinación en Servicios Sociales vulnera múltiples principios legales y carece de competencia formal. La resolución señala también que la reorganización de servicios mediante la creación de una unidad administrativa corresponde al pleno de la Diputación, no al diputado delegado, por lo que el decreto fue emitido por un órgano incompetente, además de que el decreto se adoptó sin respetar el procedimiento establecido, incluyendo la omisión del derecho a la negociación colectiva y la ausencia de consentimiento por parte de la trabajadora afectada, lo que implicaría una modificación sustancial de condiciones laborales.