La organización agraria ha señalado que Ávila se ha convertido en la provincia más afectada de Castilla y León, con explotaciones al borde del abandono por la imposibilidad de defender a los animales o recibir compensaciones justas. "Las palabras y las modificaciones legislativas no sirven de nada si en la práctica el ganadero sigue desamparado", ha advertido la organización.

Asaja ha denunciado que los baremos de indemnización aplicados por la Junta de Castilla y León resultan económicamente injustos, al no reflejar el valor real de los animales ni contemplar el lucro cesante. Como ejemplo, aseguran que "cuando un lobo mata a un ternero de menos de tres meses, la Junta indemniza con 680 euros, cuando el valor de mercado del animal es de 1.500 euros y el lucro cesante debería añadir 750 euros más". La diferencia, de 1.570 euros, es asumida por el ganadero. 

"Es una tomadura de pelo, el ganadero alimenta a la sociedad y hace de guardián del paisaje pero las administraciones le obligan a asumir el 70% de los destrozos", ha denunciado Joaquín Antonio Pino, presidente de Asaja en la provincia.

La organización ha reclamado tres medidas: la puesta en marcha de un plan urgente de control poblacional del lobo, la revisión inmediata de los baremos de indemnización adaptados al mercado y el reconocimiento objetivo de los ataques para evitar calificarlos como "indeterminados". Asaja ha alertado de que, si no se actúa con urgencia, "no solo desaparecerán los rebaños, desaparecerán también los ganaderos, y con ellos un modo de vida, una cultura y una forma de gestión del territorio".