Las pujas se han abierto de forma escalonada a lo largo de la última semana en la plataforma digital Subastas Trademat, y cada lote cuenta con una fecha de cierre distinta, comprendida entre el 10 y el 14 de noviembre.

Los inmuebles, que formaban parte de una promoción inmobiliaria desarrollada por la constructora antes de su entrada en concurso, fueron calificados definitivamente como viviendas de protección pública (VPP) en régimen de alquiler en 2010, lo que significa que su régimen jurídico de protección se mantiene vigente hasta el año 2040.

Las viviendas tienen una superficie aproximada de 100 metros cuadrados, además de plaza de garaje y trastero. Aproximadamente la mitad de los inmuebles están actualmente libres, mientras que el resto mantiene contratos de arrendamiento en vigor.

"No hace falta ser inversor para pujar en la subasta, pueden participar todos aquellos que cumplan los requisitos para optar a una vivienda de protección pública", ha asegurado el director y cofundador de Subastas Trademat, Luis María Arnaiz. Además, ha señalado que "al estar los precios regulados por la Junta de Castilla y León, estas viviendas ofrecen una alternativa real y asequible frente al mercado libre, especialmente en zonas como Ávila, donde la cercanía a Madrid empieza a tensionar los precios residenciales".

El sistema de protección está diseñado para facilitar el acceso a una primera vivienda a personas y familias de colectivos vulnerables. Sin embargo, dado que la subasta se celebra dentro del plan de liquidación aprobado judicialmente y a través de una entidad especializada, entidades públicas, instituciones financieras y personas jurídicas pueden optar a la adjudicación sin necesidad de acreditar los requisitos establecidos en la normativa VPO.