Según el sindicato, el Consistorio ha ignorado los requerimientos emitidos por la inspección el 2 de junio y sigue sin aplicar medidas preventivas básicas.

La actuación inspectora fue consecuencia de un grave incidente ocurrido en octubre de 2024, cuando una trabajadora municipal fue amenazada de muerte mientras desarrollaba su labor. Tras aquella inspección, la Inspección de Trabajo detectó la ausencia de un Plan de Prevención aprobado, la falta de evaluación de riesgos psicosociales y la inexistencia de protocolos frente a la violencia laboral, y requirió al Ayuntamiento la adopción urgente de medidas correctoras.

CCOO denuncia que esas medidas siguen sin implementarse. Además, el sindicato señala que desde mayo de 2025 no se ha convocado el Comité de Seguridad y Salud, órgano en el que se encontraba pendiente la aprobación de un protocolo de prevención de agresiones.

Especial preocupación muestra el sindicato por la situación en los Centros de Acción Social (CEAS), donde solo hay un vigilante de seguridad para cinco centros, y no se han instalado los dispositivos de alarma o alerta personal prometidos al personal de servicios sociales. La organización sindical alerta de que "esta falta de gestión preventiva está generando un entorno laboral hostil, especialmente en los servicios sociales municipales, con un impacto directo en la salud psicológica y emocional del personal".

En la denuncia presentada, CCOO califica la situación como "una forma de violencia institucional pasiva", al entender que se están desatendiendo de forma sistemática las advertencias, quejas y denuncias internas del personal afectado.

El sindicato solicita a la Inspección de Trabajo que actúe de forma urgente realizando una nueva visita al Ayuntamiento y levantando actas de infracción si procede. Entre las medidas reclamadas, exige "la inmediata puesta en marcha del protocolo de violencia laboral y la evaluación de riesgos psicosociales”.