La convocatoria se publicará el martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y podrá alcanzar una dotación ampliable de hasta 59,5 millones de euros, lo que permitirá beneficiar a unas 23.500 personas con una ayuda media de 2.500 euros.

Las renta máximas mensuales subvencionables se incrementan entre un 7 y un 33 %, según el tipo de municipio y las circunstancias personales de los solicitantes. En Ávila, Palencia, Soria, Zamora, Aranda de Duero, Miranda de Ebro o Ponferrada, el límite general pasa de 500 a 550 euros.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha detallado que “la principal novedad de esta edición es el aumento de los precios máximos mensuales subvencionables en la mayoría de municipios de la Comunidad”. Esta medida responde a la actualización normativa de los límites de renta, que se elevan entre un 7 % y un 33 %, según el municipio y el perfil del solicitante.

Los nuevos topes de renta incluyen subidas generalizadas en municipios como Ávila, Palencia, Soria, Zamora, Aranda de Duero, Miranda de Ebro o Ponferrada, donde el límite pasa de 500 a 550 euros. En el caso de familias numerosas de categoría general, se eleva de 600 a 700 euros; para las de categoría especial o personas con discapacidad, de 700 a 800 euros. En municipios limítrofes con capitales de provincia y más de 5.000 habitantes, el límite asciende de 450 a 550 euros, mientras que en el resto de municipios pasa de 450 a 500 euros. Para habitaciones, los topes se elevan de 150 a 200 euros en determinadas circunstancias.

Condiciones, plazos y requisitos
Estas ayudas están destinadas a facilitar el acceso y mantenimiento de la vivienda en alquiler para jóvenes de hasta 35 años, personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida y ciudadanos con ingresos limitados. La Junta financiará el 100 % de la convocatoria.

La cuantía subvencionable será del 50 % del alquiler con carácter general, del 60 % para jóvenes y del 75 % en caso de que estos residan en municipios del denominado ámbito segundo. Este porcentaje también se aplicará a personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida. Las ayudas son compatibles con el Bono Alquiler Joven, salvo en el ámbito segundo.

Los ingresos máximos exigidos oscilan entre 0,5 y 3 veces el IPREM (de 4.200 a 25.200 euros), ampliables hasta 5 veces el IPREM para familias numerosas o personas con discapacidad. El período subvencionable será del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 y el plazo de solicitud estará abierto entre el 1 de diciembre de 2025 y el 30 de enero de 2026.

La tramitación se podrá realizar de forma preferente por vía electrónica a través de la sede electrónica de la Junta o presencialmente en cualquier registro administrativo. Será obligatorio presentar el contrato de arrendamiento y los justificantes bancarios de pago del alquiler durante el año, mientras que el resto de la documentación podrá ser recabada por la Administración con autorización del solicitante.

Vulnerabilidad urgente
Paralelamente, Suárez-Quiñones ha destacado la continuidad del Programa de ayuda al alquiler para personas en situación de especial vulnerabilidad, enmarcado en el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. Esta iniciativa está dotada con 6,8 millones de euros y ha permitido ofrecer alojamiento inmediato a 1.273 personas hasta la fecha.

“El programa ofrece soluciones habitacionales urgentes y dignas a mujeres víctimas de violencia de género, personas sin hogar, víctimas de violencia sexual o personas con discapacidad psíquica, entre otros casos determinados por los servicios sociales”, ha afirmado el consejero. Las ayudas cubren hasta 600 euros mensuales de renta, con una prestación adicional de hasta 200 euros para gastos básicos, durante un periodo de hasta cinco años.

Nuevas ayudas
Asimismo, se ha anunciado la publicación en el Bocyl del próximo viernes de una nueva convocatoria de ayudas a la mejora de la accesibilidad en viviendas. Estas subvenciones, con una dotación de 2.083.536 euros, permitirán financiar hasta el 50 % del coste de actuaciones como la instalación de ascensores, rampas, salvaescaleras o reformas interiores.

Podrán beneficiarse comunidades de propietarios, agrupaciones y personas físicas, siempre que los ingresos de la unidad de convivencia no superen cinco veces el IPREM. Se reserva un 25 % del presupuesto para intervenciones en municipios rurales, con el fin de garantizar un reparto equitativo en toda Castilla y León.