Rodríguez subraya que “gracias al compromiso, la profesionalidad y el sacrificio de la Policía Nacional y la Guardia Civil, España sigue siendo uno de los países más seguros de la Unión Europea”, pero ha advertido de que “las crecientes dificultades con las que trabajan los agentes no se corresponden con la realidad triunfalista que transmite el Ejecutivo”.

Según Rodríguez, que ha citado los datos del Ministerio del Interior, las infracciones penales han aumentado entre un 25% y un 30% desde 2018, año en que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, por eso señala que se señaló que “ese incremento demuestra que el discurso del Gobierno no se ajusta a la realidad que viven los ciudadanos españoles”.

En el caso concreto de la provincia de Ávila, la diputada denuncia que la situación “no es mejor, sino incluso más preocupante”. Según las cifras que aportó, las infracciones penales han pasado de 703 en 2018 a 1.099 en la actualidad, lo que supone un incremento del 56,33%. “Hablamos de un aumento muy significativo de delitos contra la propiedad, hurtos, estafas informáticas y agresiones”, ha asegurado.

Rodríguez achaca este repunte a una “falta total de planificación y de política de seguridad interior eficaz”, que -según señala- “no prioriza la protección directa del ciudadano, especialmente en el medio rural, donde la presencia de agentes sigue siendo claramente insuficiente”.

Plantilla de la Guardia Civil

La parlamentaria popular denuncia además que la plantilla de la Guardia Civil en Ávila no está completa, y que “no se cubre el 100% de los puestos que marca el catálogo oficial”. En concreto, explicó, “debería haber 770 agentes destinados en la provincia, pero actualmente solo hay 628”, que son 142 menos de los que corresponderían. 

Estas cifras no coinciden con las facilitadas en la reciente fiesta del Pilar por el teniente coronel de la Guardia Civil, Gustavo Dorda, que informó que la plantilla del cuerpo en la provincia se sitúa en el 85% de las previstas, ya que de los 735 efectivos asignados, las plazas cubiertas no llegan a las 700.

“En el caso de la Policía Nacional la diferencia es algo menor, pero tampoco llegamos al 100% del catálogo, ya que faltan 11 efectivos”, ha añadido Rodríguez. Para el Partido Popular, estas carencias “repercuten directamente en la seguridad de los ciudadanos y en la capacidad de respuesta ante delitos que, por desgracia, van en aumento”.

Rodríguez recuerda que el PP lleva años advirtiendo de esta situación “sin que el Gobierno haya ofrecido una respuesta clara ni una planificación real para reforzar la seguridad, especialmente en las zonas rurales”. En este sentido, señala que “la provincia de Ávila necesita más recursos, más presencia de agentes y mejores medios tecnológicos”.

Aumento de delitos sexuales
Uno de los apartados que Rodríguez califica como “más alarmantes” es el aumento de los delitos contra la libertad sexual y los vinculados a la violencia de género, tanto a nivel nacional como provincial. “En la provincia de Ávila, estos delitos han crecido más de un 60% desde 2018”, asegura.

Según la diputada, las unidades especializadas que atienden a las víctimas “no cuentan con el personal suficiente”, ya que “cada equipo debe garantizar la seguridad de unas 98 mujeres en situación de riesgo, lo que es claramente insuficiente”.

A la vez, Rodríguez critica duramente la gestión del Ministerio de Igualdad, al que acusa de “perjudicar directamente la seguridad de las mujeres” con la aprobación de la ley del solo sí es sí, una norma que “permitió que más de 1.200 agresores sexuales y pederastas vieran reducidas sus condenas, y que más de 200 quedaran en libertad”.

Escándalo de las pulseras
La diputada ha hecho referencia también al reciente escándalo de los fallos en los dispositivos telemáticos de control de agresores, las conocidas “pulseras de alejamiento”, que “ha generado muchísima inseguridad entre las mujeres que viven bajo amenaza, y la ministra ni siquiera se ha dignado a pedir perdón”. Y ha destacado que el Congreso de los Diputados reprobó recientemente a la ministra de Igualdad y exigió su cese “de manera fulminante”. “No se puede tolerar una actuación tan negligente en un asunto que afecta directamente a la vida y la integridad de las víctimas”, ha afirmado.

Ante esta situación, los diputados populares por Ávila han registrado diversas iniciativas en el Congreso para solicitar al Ejecutivo información detallada sobre cuántas mujeres se han visto afectadas por fallos en los dispositivos telemáticos, así como “cuántas renunciaron a su uso por los errores detectados”.

“El objetivo -ha explicado- es devolver la confianza a las víctimas, que hoy se sienten desprotegidas y han perdido la fe en el sistema de protección”. Por ello, reclama al Gobierno una “revisión completa del sistema de protección de las mujeres”, además de “un refuerzo inmediato de las políticas preventivas y de apoyo”.

“El Partido Popular considera que la seguridad no debe ser nunca una cuestión ideológica, sino una responsabilidad de Estado. La protección de las mujeres y de todos los ciudadanos debe situarse por encima de la confrontación política”, ha afirmado.

Rodríguez también ha querido poner en valor el trabajo de los cuerpos policiales y trasladó su apoyo a los sindicatos de la Policía Nacional y a las asociaciones de la Guardia Civil, a los que “el Gobierno les está dando la espalda, y eso repercute directamente en la seguridad de todos los ciudadanos” porque “si se cubrieran las plazas vacantes y se mejoraran las condiciones, la seguridad en Ávila y en todo el país mejoraría notablemente”.

Pese a la escasez de efectivos, ha destacado el “trabajo ingente” que realizan los agentes, recordando que “con pocos medios fueron capaces de localizar a los incendiarios de este verano en la provincia”. “Si tuviésemos efectivos en todos los pueblos, la seguridad en el medio rural estaría muchísimo más garantizada”, ha añadido.

“Seguiremos reclamando más recursos, más agentes, más innovación tecnológica y una política de seguridad que sea realmente eficaz”, ha afirmado la diputada. “Los ciudadanos merecen vivir seguros y necesitan un Gobierno que les escuche, que actúe y que les proteja, no uno que se limite a protegerse a sí mismo por los casos de corrupción que le acorralan cada día”, ha concluido.