La resolución, que data del mes de julio, confirmó la orden de protección acordada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ávila, que establece una distancia de alejamiento de diez metros y una vigencia inicial de seis meses para el investigado.

El recurso presentado por la representación legal de los padres de la menor solicitaba ampliar dicha distancia hasta los 100 metros, al considerar insuficiente la medida actual para garantizar la seguridad de la víctima. Sin embargo, el tribunal ha considerado "desproporcionado" el aumento solicitado, atendiendo a las circunstancias del caso y al impacto que podría tener sobre los derechos del investigado.

El auto, cuya ponencia ha correspondido al magistrado Javier García Encinar, señala que para la adopción de medidas cautelares no basta con la existencia de indicios de criminalidad, sino que también debe acreditarse “una situación objetiva de riesgo que pueda ser conjurada mediante su adopción”. En este sentido, la resolución de la Audiencia Provincial subraya que la medida cautelar acordada “impide y prohíbe cualquier contacto corporal e incluso la proximidad física entre la menor y el investigado y aún la presencia simultánea en la misma estancia”.

Además, los magistrados tienen en cuenta que el investigado “no reside en la misma localidad que la menor” y que “ya no imparte clase en el centro docente al que aquella asiste”, por lo que consideran que “el objetivo de protección se cumple con la medida adoptada”.

Con relación a la duración de la orden de alejamiento, la resolución recuerda que “la temporalidad es una característica inherente a cualquier medida cautelar” y que “nada impide que, llegado el caso y de mantenerse las circunstancias que aconsejaron su adopción, pueda prorrogarse por el tiempo que se estime necesario”.