Durante las comprobaciones rutinarias, los agentes verificaron a través de la base de datos de la Dirección General de la Policía que el detenido tenía antecedentes por dos detenciones anteriores, vinculadas a delitos de tráfico de drogas y agresión sexual.

Asimismo, la consulta al Registro Central de Extranjeros confirmó que le había sido denegado el permiso de residencia en España. En virtud de estos hechos, los agentes procedieron a su detención, informándole in situ de sus derechos conforme a la legislación vigente. Ya en dependencias policiales, se le notificó por escrito el motivo de su detención y se iniciaron las correspondientes diligencias administrativas.

El procedimiento se ampara en el artículo 53.1.a) de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que tipifica como infracción grave "encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada autorización, siempre que el interesado no hubiera solicitado su renovación en el plazo reglamentario".

Por estos motivos, se incoó el correspondiente expediente sancionador con propuesta de expulsión, que fue notificado al interesado en el mismo acto. Una vez concluidas las diligencias, el detenido fue puesto en libertad, quedando a la espera de la resolución administrativa del procedimiento incoado.