El acuerdo permitirá mantener un sistema gratuito, ágil y extrajudicial de resolución de conflictos entre consumidores y empresas.

Según se detalla en el convenio, el Ayuntamiento asumirá la gestión de la Junta Arbitral y deberá solicitar en un plazo de un año su acreditación como entidad de resolución alternativa de litigios de consumo, conforme a la normativa europea y española vigente.

Entre los compromisos adquiridos figura la creación de un sistema de información compartido entre administraciones, el asesoramiento técnico y jurídico a consumidores y la difusión del arbitraje como vía de solución de conflictos. 

El convenio no conlleva compromisos financieros, tendrá una vigencia inicial de cuatro años y sustituye al firmado en 2021.

El arbitraje de consumo, regulado actualmente por el Real Decreto 713/2024, de 23 de julio, se presenta como un mecanismo que protege los derechos de los usuarios sin necesidad de acudir a los tribunales, garantizando rapidez, gratuidad y seguridad jurídica.