En la apertura del Congreso Regional de Asaja de Castilla y León, ha asegurado que el documento se ha redactado “a espaldas de las comunidades autónomas” y que “no hay ninguna voluntad real de que se puede participar ni aportar propuestas”. “Nos ha llegado ahora un texto el día 17 de este mes de septiembre, cuando pretenden aprobarlo antes de fin de año”, ha lamentado.

A juicio de Suárez-Quiñones, la actitud del Ejecutivo central revela “ninguna voluntad de que las comunidades autónomas participen, que son las que tienen la competencia en materia de vivienda, que cofinancian ese plan y, en consecuencia, son las que tienen que estar sentadas en una mesa con el Gobierno para negociar”.

“Si hubiera habido voluntad, en este casi año que ha pasado hubiera habido una o varias conferencias sectoriales donde se hubieran trasladado los textos y trabajado en comisiones técnicas”, ha añadido.

Zonas tensionadas

El borrador del Plan Estatal contempla medidas como la declaración de zonas tensionadas y la limitación de precios en el alquiler, una opción que la Junta rechaza de plano. “Son medidas trasnochadas como la intervención en el mercado, la limitación de precios, que han sido un fracaso en Europa históricamente y también en España, en Cataluña, donde hay más dificultad de vivienda que nunca allí donde se han aplicado”, ha advertido Suárez-Quiñones.

Según ha defendido, la política autonómica pasa por ofrecer “seguridad jurídica a los propietarios para que pongan sus viviendas en el mercado”, a través de ayudas al alquiler condicionadas al pago bancario acreditado y de una legislación que proteja frente a la ocupación ilegal. “Reclamamos al Gobierno de España que ponga en marcha la proposición de ley que aprobó el Senado del Partido Popular para dar seguridad ante la ocupación porque esas son las medidas reales que fomentan la puesta en el mercado del alquiler”, ha apuntado.

El consejero también ha cuestionado el esquema de financiación previsto, que fija una aportación estatal del 60% y autonómica del 40%, pero “a ver qué comunidades pueden hacer ese esfuerzo o no”. En el caso de Castilla y León “va a hacer el esfuerzo que sea necesario porque lo estamos haciendo, pero lo que no podemos es dejar que nos atropellen nuestras competencias”.

Bono joven

En cuanto al bono joven de alquiler, Suárez-Quiñones fue tajante: “Lo puso en marcha el Gobierno de España sin consultar con las comunidades autónomas, cuando ya teníamos nuestras ayudas, y lo hizo dando un dinero insuficiente que dejaba a tres de cada cuatro jóvenes fuera”, por lo que “ha sido un fracaso porque ha creado frustración”. Frente a ello, ha defendido el modelo de la Junta, que ha resuelto recientemente “50 millones de euros en ayudas al alquiler, una cifra récord que no tiene ninguna comunidad autónoma”, abiertas tanto a jóvenes como a otros colectivos.

De cara a la reunión sectorial, Suárez-Quiñones anticipa un encuentro “complejo y complicado”, en la que “adivinaremos cuál es la pretensión que tiene el Gobierno: si nos presentan un plan cerrado o si de verdad quieren sentarse con las comunidades autónomas a negociar y consensuar”.

Mientras tanto, la Junta insiste en que mantendrá su propio programa, que incluye la construcción de 3.000 viviendas para jóvenes en régimen de alquiler y venta con descuentos, además de ayudas que en el medio rural pueden llegar al 75% de la renta. “Estamos muy comprometidos, pero lo que no podemos hacer es dejar que nos atropellen sin haberse sentado en una mesa”, ha concluido el consejero.