El inmueble, actualmente registrado a nombre de la parroquia Asunción de Nuestra Señora, es considerado por los socialistas como un bien de uso público, y la reclamación se enmarca en el contexto más amplio de la revisión de los procesos de inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia en España, muchos de los cuales han sido cuestionados por su falta de documentación acreditativa.

Según detalla la moción, los vecinos y concejales han tenido conocimiento reciente de la intención de enajenar el citado edificio. Frente a esta operación, el PSOE reclama "aclaración sobre la titularidad real del inmueble", al considerar que su actual inscripción en el Registro de la Propiedad se realizó "mediante certificación eclesiástica, sin aportar título de propiedad previo válido", un hecho que "genera serias dudas sobre la legitimidad de la inscripción registral".

El texto de la moción argumenta que el inmueble "fue construido y mantenido históricamente gracias al esfuerzo colectivo de los vecinos de Cepeda la Mora", lo que, a su juicio, le otorga "una naturaleza comunal o de uso público". Por ello, la eventual venta del edificio sin esclarecer previamente su titularidad "podría constituir un acto de disposición nulo de pleno derecho".

Reclamación
La moción incluye tres demandas, ya que solicita que el Obispado aporte “los títulos de propiedad fehacientes que acrediten el dominio del inmueble con anterioridad a su inmatriculación". En segundo término exige "la suspensión inmediata de cualquier proceso de venta hasta que se resuelva la cuestión de titularidad". Y propone "abrir un proceso de diálogo con el Ayuntamiento y la comunidad vecinal de Cepeda la Mora para esclarecer la naturaleza del bien y garantizar el respeto al patrimonio común".

El texto concluye con la advertencia de que en caso de no atender la petición, se reservan “el derecho de emprender las acciones legales oportunas en defensa del patrimonio comunal y de los intereses de los vecinos".

La moción, fechada el 12 de septiembre de 2025, será debatida en el próximo pleno municipal y podría abrir un conflicto jurídico e institucional si el Obispado decide seguir adelante con la operación de venta.