Estos y otros datos vinculados con Ávila y, sobre todo, con el conjunto de Castilla y León, tras un verano “negro” han sido repasados por el secretario general de UGT de Servicios Públicos en esta Comunidad, Tomás Pérez; el responsable federal de bomberos forestales de este sindicato, el abulense Francisco Javier García; el responsable autonómico de bomberos forestales de esta organización sindical, Enrique Sánchez, y la secretaria general de UGT Servicios Públicos de UGT en Ávila, Beatriz Llorente.

Esta última ha denunciado la “deficiencias bastante grandes” de la campaña de incendios, que han tenido su reflejo en las consecuencias de los grandes incendios forestales que se han declarado, pero también han sacado a la luz la falta de personal en el dispositivo desplegado.

En este sentido, Llorente ha apuntado que desde el 15 de agosto se encuentran sin cubrir en Ávila una quincena de plazas, entre las que figuran las siete de vigilancia de incendios: tres en Mombeltrán; dos en Las Navas del Marqués; una en Guisando y una en El Barraco. Varias de estas se encuentran en las zonas afectadas por los cuatro grandes incendios que este verano han arrasado más de 7.000 hectáreas en el Barranco de las Cinco Villas (2.200); Las Navas del Marqués (800); Navaluenga (1.400), y El Herradón de Pinares-Ávila (3.000 hectáreas).

Igualmente, ha denunciado que la red de conductores de autobombas, denominadas charlies, han dejado sin cubrir dos plazas en Arenas de San pedro y El Barco de Ávila, mientras que otras seis han seguido el mismo camino en el caso de los peones de montes, denominados mangueristas: Arenas de San Pedro; Mijares: El Tiemblo (dos, una nocturna); Hoyos del Espino y El Barco de Ávila.

La octava provincia que más ha ardido

Tras señalar Beatriz Llorente que también ha habido vacantes entre el personal funcionario, también se ha referido a los agentes medioambientales, que de las 115 plazas que contempla la RPT, solo se han cubierto 89, lo que supone un 23% de plazas sin ocupar. Además, ha apuntado que solo 9 técnicos han realizado guardias.

Por su parte, Enrique Sánchez ha descrito este año como “bastante negro” desde el punto de vista medioambiental, ya que Castilla y León ha sido “la segunda comunidad que más ha ardido”, solo por detrás de Galicia, con unas 140.000 hectáreas, lo que hace que las consecuencias de los fuegos en Ávila no parezcan tan graves.

Sin embargo, para poner de relieve el mal verano para el medio ambiente del territorio abulense, ha indicado que la provincia de Ávila ha sido “la octava que más ha ardido de España” durante los meses de julio y agosto, especialmente.

Y todo ello, con un dispositivo que “ha colapsado” y ha superado “con creces, las horas exigidas”, llegando a trabajar en turnos de “12 y hasta 20 horas diarias”.

Teniendo en cuenta la "heterogeneidad" del dispositivo, que incluye diferentes condiciones laborales y retributivas, Sánchez ha demandado caminar hacia uno "unificado, 100% público y con las mismas condiciones" en las comunidades autónomas.

Sin bomberos forestales

En el caso de Castilla y León, el responsable autonómico de los bomberos forestales, ha lamentado que esa figura no exista en esta Comunidad en la que "no se ha aplicado" la Ley Básica 5/2024, aprobada el 8 de noviembre de 2024, con un periodo transitorio de un año, que culmina en poco menos de dos meses.

Tras poner ejemplos de las diferencias profesionales y retributivas en unas comunidades y en otras, el abulense Francisco Javier García, responsable federal de bomberos forestales de UGT, ha denunciado que "la precariedad y falta de inversión mata", recordando a los 8 fallecidos este año: 3 bomberos forestales y 5 voluntarios o personal fuera del servicio de extinción.

En este año "terrible", se ha pasado de las 42.000 hectáreas carbonizadas hasta el pasado 7 de agosto en el conjunto de España, a las 400.000 actuales, convirtiendo a 2025 en "el peor año del siglo XXI", solo superado por las 435.000 hectáreas que ardieron en 1994, si bien García cree que España va "camino de superar" esa cifra.

Por ello, el responsable autonómico de UGT ha reclamado "un gran cambio en la gestión forestal", con un servicio "público, profesional, real, bien formado y durante todo el año", porque a su juicio "el fuego no puede ser un negocio", como en su opinión representa el modelo de la Junta de Castilla y León.

En este contexto, Tomás Pérez, secretario general de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, ha afirmado que "no se puede tener un dispositivo del siglo XIX para cubrir un incendio del siglo XXI" y con la participación de gente "sin formación, que no ha visto una manguera en su vida".

Movilización

Por todo ello, y ante "la ineficacia absoluta del sistema", tanto UGT como CCOO convocarán el próximo 24 de septiembre en Valladolid una "concentración nacional" para reclamar la "equiparación de condiciones laborales y retributivas" de la categoría de bomberos forestales en todas las comunidades autónomas, así como una "política anti-incendios global", ya que los fuegos "no conocen fronteras".

A esta protesta, que aún se está diseñando por parte de ambos sindicatos, Pérez ha invitado a que otras organizaciones sindicales también se sumen, con el objetivo de que "se unifiquen criterios" en esta materia, ya que este verano "nadie sabía quién estaba al mando".

A la espera de que se conozca la hora y la forma de la convocatoria, el responsable autonómico de UGT Servicios Públicos en la Comunidad, ha señalado que la protesta tendrá como punto y final las Cortes de Castilla y León.

Después de señalar que "los incendios de cualquier generación se apagan del 1 de enero al 31 de diciembre", ha insistido en la necesidad de que el Gobierno de Castilla y León aplique antes del 8 de enero de 2025 la Ley de Bomberos Forestales 5/2024, de la que en esta Comunidad "no se sabe nada" hasta el momento, según García.