La carencia de transporte público y la falta de subvenciones por parte de la Junta de Castilla y León han convertido la educación en un lujo inaccesible para numerosas familias del sur de la provincia, según la portavoz socialista en la Diputación, María del Carmen Iglesias.

Este problema, que se arrastra desde el curso 2022-2023, llevó al Procurador del Común a emitir el dictamen 1437/2023, instando a la Junta a ofrecer una solución inmediata. Sin embargo, el presente curso comienza con estudiantes sin transporte, familias desbordadas y administraciones que no actúan, según advierte.

El Grupo Socialista en la Diputación de Ávila ha vuelto a denunciar la pasividad institucional, y destaca que propusieron, “puesto que a la Junta le está costando reaccionar”, que la institución provincial “supliera esa inacción con una partida de 50.000 euros”. Una cantidad aprobada en los presupuestos pero que, según Iglesias, “pese a incluirse en los presupuestos, nunca se ha ejecutado”.

Excusa

El argumento del equipo de gobierno del PP, basado en que el transporte escolar no es competencia directa de la Diputación, ha sido calificado por la portavoz como una “excusa redundante”. Iglesias ha subrayado que “tampoco lo es la política de becas universitarias y todos los años las financian”.

Para el PSOE, el problema no es jurídico, sino político. “Si el equipo de gobierno del PP en la Diputación no lo hace es, una vez más, por falta de voluntad política”, ha señalado Iglesias. Admite que las diputaciones no tienen competencias propias en transporte escolar, pero recuerda que sí pueden colaborar con los municipios en la prestación de servicios básicos, como ocurre en otras provincias de Castilla y León.

Asimismo, los socialistas ponen el foco en la contradicción que supone que la Diputación sí impulse ayudas a universitarios para estudiar en la provincia, mientras se desentiende de los estudiantes de FP del medio rural. Aunque la competencia principal en materia de becas recae en el Ministerio de Educación y la Comunidad autónoma, la Diputación ha implementado programas complementarios para el ámbito universitario, dejando fuera a quienes cursan ciclos formativos.

Iglesias exige al presidente de la Diputación, Carlos García, que “cumpla su compromiso” con los estudiantes del Tiétar y garantice el transporte escolar que, según afirman, prometió para el curso actual. “Estamos en septiembre y los alumnos siguen sin una solución, es una cuestión de justicia territorial y de equidad educativa”, ha reclamado.