La organización empresarial ha puesto en valor el trabajo de los equipos de emergencias y extinción de incendios, destacando que “la prioridad debe ser garantizar la extinción de los incendios y proteger la seguridad de todas las personas y equipos implicados”.

Tras la entrada en vigor del Plan de Ayudas aprobado por la Junta, la patronal ha mostrado su disposición a colaborar en su desarrollo y seguimiento, así como a prestar asesoramiento a empresarios y autónomos afectados. No obstante, la patronal ha subrayado la necesidad de que todas las ayudas sean “reales, rápidas y ágiles”, reclamando que no se penalicen fiscalmente a través del IRPF las subvenciones y compensaciones concedidas.

Medidas solicitadas
Entre las medidas prioritarias que pide implementar se encuentran las ayudas directas y ágiles para reparar instalaciones, maquinaria, vehículos y reponer mercancías; prestaciones extraordinarias por cese de actividad para autónomos y pymes cuya actividad haya quedado paralizada; exenciones temporales de impuestos autonómicos y locales, y aplazamientos sin intereses en pagos a Seguridad Social y Hacienda; líneas de financiación bonificada con aval público para garantizar liquidez inmediata; planes de mantenimiento del empleo con apoyo específico para evitar despidos; simplificación administrativa que facilite el acceso a ayudas y reconstrucción de la actividad económica; condonación de intereses en préstamos, créditos e hipotecas durante al menos dos años; revisión de órdenes agrícolas y ganaderas adaptadas a la nueva situación; regularización urgente de valores catastrales para evitar el cobro sobre bienes perdidos; y ayudas para la reforestación de terrenos afectados, sin limitación de superficie.

La organización abulense se ha sumado a la reclamación de CEOE Castilla y León para exigir una coordinación efectiva entre administraciones, agentes sociales y sectores afectados, proponiendo la creación de una ventanilla única que centralice la tramitación de ayudas. También ha pedido que las medidas se adapten a las necesidades locales y que se lleve a cabo una evaluación precisa de los daños una vez controlados los incendios, solicitando la declaración de zona catastrófica para las áreas más perjudicadas.