La organización conservacionista SEO-BirdLife y Centaurea han anunciado que el exalcalde y los promotores serán acusados en la vía penal por delitos urbanísticos cuando se abra juicio oral, después de un auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Arévalo contra el que han recurrido sin éxito.

Recuerdan que el aquel auto ponía de manifiesto que los acusados eran conscientes de las obligaciones legales que tenía el urbanizar el pinar con omisión del procedimiento para aprobar los planes de desarrollo urbanístico. Se considera al ex alcalde, José Martín Llorente, autor de un delito de prevaricación y al resto de acusados de un delito contra la ordenación del territorio.

Tala y viales
El proyecto, que incluía 7.500 viviendas y tres campos de golf, fue paralizado en 2009 y supuso la tala de 10.000 pinos y la construcción de varios kilómetros de viales. Las sentencias sobre este asunto anularon la autorización municipal e instaron a que se restaurase la zona a su estado original.

En el recurso presentado ante la Audiencia Provincial, el promotor alegó que el proyecto se encontraba en fase de autorización, ya que presentó ante el Ayuntamiento de la localidad una solicitud para que recibiera el visto bueno, fragmentándolo en tres partes, entre calles y viales, campos de golf, y viviendas. Un modo de “intentar librarse de las responsabilidades penales e intentar que el pinar no pueda restaurarse”, según los ecologistas, “dando apariencia de menor impacto”.

Actitud de la Junta
Los denunciantes recuerdan la actitud “ambivalente” de la Junta en este asunto: “nunca detuvo las obras pese a saber que eran claramente ilegales” y concedió una declaración de impacto ambiental de “muy dudosa legalidad a los campos de golf”, a la vez que no se personó en apoyo al Ayuntamiento en los tribunales ni defendió la acción urbanizadora.

Denunciada en 2007, el proyecto fue paralizado cautelarmente en una decisión luego ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Luego llegaron cuatro sentencias, dos urbanísticas y dos en materia de aguas, que anularon la autorización municipal, y negaron la concesión de agua para las obras y la urbanización por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero.

Con el nombre de La Favera, la urbanización incluía 7.500 viviendas, tres campos de golf de 18 hoyos cada uno, un edificio para uso como casa club y hotel, un centro hípico, varias balsas reguladoras y una estación depuradora de aguas residuales en una superficie de 78.000 metros cuadrados de pinar.