Los procuradores socialistas abulenses, Soraya Blázquez y Miguel Hernández, consideran que se trata de un dato “desproporcionadamente bajo”, al suponer el 1,7% del total, lo que a su juicio confirma “el importante déficit de facultativos en Ávila, con la ratio más baja de las nueve provincias de la Comunidad, y una de las más raquíticas de toda España”.

Esta “carencia, a la que la Junta no pone remedio, está ocasionando un año más el deterioro de la asistencia sanitaria en las zonas rurales, donde la población flotante se dispara durante el verano”.

"Hay casos en los que se está dando cita en Primaria para más de una semana y, una de dos, o el paciente mejora por sí mismo durante la espera o, si hay un empeoramiento, le empuja a acudir a los servicios de urgencias, sometidos ya a bastante presión asistencial", explica la procuradora socialista por la provincia de Ávila.

Desde su punto de vista, la sanidad “no puede seguir siendo día tras día un campo de batalla política, ni una promesa electoral permanente después de décadas de gobierno del PP en Ávila". Por ello, exige a la Junta que “rescate de una vez una sanidad, debilitada y desequilibrada, con una Atención Primaria sin inversión suficiente para garantizar su supervivencia, elevadas listas de espera, escasez de profesionales e infraestructuras sanitarias abandonadas".

Plan urgente de contingencias sanitarias

Según recuerda, en las comarcas del Alberche o del Tiétar, la población pasa de 60.000 a 200.000, algo habitual desde hace décadas.

“Si tenemos en cuenta que la provincia de Ávila ha experimentado un incremento de 2,5 años en la edad media de su población, con una de las tasas más altas de envejecimiento de España, y que adolece de obstáculos geográficos que ponen en riesgo una atención hospitalaria en sus debidos plazos y protocolos, podemos hacernos una idea de la importancia de movilizar recursos con urgencia", sostiene Miguel Hernández.

Por ello proponen a la Junta un “plan urgente de contingencias sanitarias en Ávila para que situaciones como las de este verano no vuelvan a producirse”.

Los procuradores recuerdan que el Gobierno de España ha transferido a Castilla y León para sanidad cerca de 20.000 millones de euros más que en la etapa de Mariano Rajoy. "Hay dinero, pero falta la voluntad política de atender al medio rural, más allá de gastarse 120 millones en conciertos sanitarios y en implantar peonadas", concluyen.