Cables colgando y postes caídos: reclaman medidas a Telefónica y a las Administraciones

"Cables colgando, postes caídos y ladrones impunes": resume Asaja la situación en muchos caminos rurales y carreteras secundarias, donde el cableado destensado y las estructuras derribadas dificultan gravemente el tránsito y el trabajo en las explotaciones. Y destacan que en 2024 se registraron 428 denuncias por robo de cableado en Castilla y León, dentro de un incremento del 87% a nivel nacional desde 2019, alcanzando los 4.433 casos.

El modus operandi de estas redes criminales incluye cortar los tendidos, seccionar los cables en tramos manejables y quemar la funda aislante para extraer el cobre, un material que puede comercializarse sin trazabilidad. Las consecuencias para el sector agrícola van más allá del perjuicio a las infraestructuras de telecomunicaciones: los cables y postes abandonados bloquean accesos a parcelas, dificultan la siega, el paso de maquinaria y otras labores del campo, según advierte la organización agraria.

Responsabilidades
Asaja reclama a Telefónica, como empresa responsable de la red, que "asuma de inmediato su responsabilidad en el mantenimiento, vigilancia y reposición del tendido telefónico rural". Piden "actuaciones urgentes para reparar los daños" y una "coordinación efectiva con las fuerzas de seguridad que garantice la protección de estas infraestructuras vulnerables". En caso de inacción, advierten que deben "autorizarse a los agricultores a retirar por su cuenta los cables y postes abandonados que obstaculizan sus parcelas".

También exige una respuesta por parte de las Administraciones central y autonómica. Entre sus demandas se encuentra el refuerzo de efectivos de la Guardia Civil en zonas rurales y establecimiento de patrullas regulares; la activación de medidas del Plan Nacional contra el robo de cobre, con canales de denuncia ciudadana directa; y el desarrollo de protocolos de atención rápida para restablecer los tendidos afectados y minimizar el impacto en la actividad agrícola.

Creen que esta situación "pone en riesgo no solo el servicio de comunicaciones en el medio rural, sino también la seguridad y productividad de las explotaciones agrícolas". Por ello, instan a todas las partes implicadas a "tomar nota de inmediato, buscar soluciones coordinadas y garantizar que este tipo de daños no lo paguen los agricultores”.