La trabajadora fue asesinada por el marido de una usuaria, a quien había denunciado por acoso sexual tan solo unas horas antes. "Teresa comunicó a su empresa su intención de renunciar por la situación de acoso que vivía. La respuesta que recibió fue que debía continuar durante 15 días. Horas después, fue asesinada en el mismo domicilio donde se sentía amenazada", denuncia el sindicato.

Desde CCOO señalan que este crimen "lejos de ser una excepción, es la expresión más brutal de una cadena de desprotección, precariedad e indiferencia institucional". Según la organización sindical, las trabajadoras de ayuda a domicilio en Ávila desempeñan su labor "solas, sin información previa sobre el entorno familiar, sin protocolos efectivos y sin respaldo institucional ante situaciones de riesgo, acoso o violencia".

Falta de prevención
CCOO acusa a la empresa Sanivida de priorizar el cumplimiento del servicio por encima de la seguridad de las trabajadoras. Asimismo, responsabiliza al Ayuntamiento de Ávila como "responsable último" de no garantizar "un marco protector real".

"No podemos entender este crimen como un hecho aislado. Es violencia machista en el ámbito laboral, puesto que este asesinato deriva de un caso de acoso sexual, y como tal debe ser reconocido, visibilizado y combatido", subraya la central sindical.

El sindicato contextualiza esta tragedia en "la precariedad, la falta de protección y el abandono estructural" del sector de los cuidados, caracterizado por ser "altamente feminizado, invisibilizado y con escaso reconocimiento social e institucional". También lo vincula con "la violencia patriarcal que impregna el sistema, donde el testimonio de una trabajadora es cuestionado sistemáticamente y su protección se convierte en papel mojado".

Medidas urgentes y estructurales

CCOO denuncia que "la única 'respuesta' habitual en estos casos sea sustituir a la trabajadora por otra compañera, sin informarla del riesgo ni tomar ninguna medida preventiva". Por ello, exigen la aplicación inmediata de cinco medidas como el cumplimiento estricto e inmediato de los protocolos desde el momento en que la trabajadora comunique una situación de acoso; la suspensión cautelar de la actividad laboral en el domicilio afectado, hasta que se garantice plenamente la integridad de la trabajadora; evaluaciones previas y personalizadas del riesgo en cada domicilio; formación específica en prevención de violencias y autoprotección; y canales seguros, confidenciales y efectivos de denuncia y seguimiento.

Finalmente, la sección sindical reclama una reformulación integral del modelo de atención domiciliaria. "La tragedia ocurrida en O Porriño obliga a repensar el modelo", advierten. En este sentido, exigen “una gestión pública y directa del servicio de atención en el hogar, que priorice el bienestar de quienes cuidan y son cuidadas: condiciones laborales dignas, que reconozcan la profesionalidad y el riesgo del trabajo domiciliario; y protocolos de protección reales y efectivos, con seguimiento y cumplimiento garantizado”.