La norma, vigente desde el 1 de julio, ha supuesto la creación de los tribunales de instancia, que sustituyen a los juzgados de primera instancia, y de las oficinas municipales de justicia, que relevan a los juzgados de paz.

Los representantes de la abogacía castellana y leonesa han mostrado su inquietud por las dificultades que esta reestructuración puede generar en el medio rural. “Nos preocupa la aplicación de una ley que, en la práctica, hace que el acceso a la Justicia sea más complicado para el ciudadano del mundo rural que para el que reside en la capital”, ha advertido el presidente del consejo, Fernando Rodríguez Santocildes.

El temor de los abogados se centra en la posible desigualdad que puedan generar las oficinas municipales de justicia, dependientes de los ayuntamientos, por la “menor especialización de los funcionarios municipales y la falta de medios materiales”. A esta situación se suma la obligación, vigente desde abril, de acudir previamente a los llamados MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias), como la mediación, la conciliación o el arbitraje, antes de iniciar procedimientos civiles, de familia o mercantiles.

La presidenta del Grupo de Trabajo de Abogacía Rural del CACYL, Mónica Pérez Villegas, ha destacado que hay “una vía de una oportunidad para las oficinas municipales de justicia, pero hace falta que el ministerio lo dote presupuestariamente, que coordine y que haga un extenso trabajo de formación, para proveer a esas oficinas de todas las funciones que prevé la ley”.

Carencias
El pleno del Consejo de la Abogacía también ha abordado problemas estructurales de la justicia en el ámbito rural, como la falta de medios materiales, la elevada interinidad o la ausencia presencial de operadores clave como fiscales, forenses o equipos psicosociales, que en muchos casos obligan a trasladarse a la capital de provincia.

A ello se añade el envejecimiento de los profesionales de la abogacía que ejercen en estas zonas y la ausencia de relevo generacional, una circunstancia que el Grupo de Trabajo de Abogacía Rural, creado el año pasado, pretende revertir mediante la creación de una red de abogados rurales para canalizar quejas, inquietudes y apoyo mutuo.

Gran Cruz al Mérito 
La reunión del pleno ha servido también para rendir homenaje a Julio Sanz Orejudo, presidente del CACYL entre 2017 y 2025, quien ha recibido la Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía de Castilla y León, la máxima distinción de la institución.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y colegiado en Segovia desde 1980, Sanz ha desarrollado una extensa trayectoria en la abogacía institucional, ocupando cargos en su colegio profesional y en el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Durante su presidencia impulsó la Comisión Mixta con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) y promovió la unión de los nueve colegios de la Comunidad.

El presidente del CGAE, Salvador González, y diversas autoridades civiles y judiciales acompañaron a Sanz Orejudo en un acto en el que la expresidenta del CGAE Victoria Ortega fue la encargada de leer la laudatio.